En la mañana del miércoles 4 de junio el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se refirió a lo que, de ahora en adelante, será su prioridad: sacar adelante la consulta popular para avalar la reforma laboral y ganarla en las urnas.
Dijo que todos sus ministros deben volcar sus esfuerzos a ese objetivo y que las comunicaciones estatales deben aunar fuerzas para difundir la consulta.
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“Todo ministro o ministra debe estar comprometido con los objetivos generales del gobierno. Hoy la consulta popular. Dada la censura, todas las oficinas de prensa del gobierno del cambio, deben apuntar al cambio. Al constituyente primario: al soberano popular”, señaló.
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Incierto panorama para la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro anunció su intención de convocar una consulta popular a través de un decreto presidencial, a pesar de que la propuesta fue archivada por el Senado. La iniciativa, que busca someter a votación ciudadana una serie de reformas laborales y sociales, enfrenta un camino legal complejo y lleno de incertidumbres.
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Durante una alocución televisada el 3 de junio de 2025, el jefe de Estado confirmó que procederá con la expedición del decreto, argumentando presuntas irregularidades en el trámite legislativo que bloqueó la iniciativa. En la votación del Senado, la propuesta fue rechazada por 49 votos frente a 47 a favor, lo que la dejó oficialmente archivada. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que ese resultado no fue legítimo.
El presidente cuestionó directamente la actuación de Efraín Cepeda, presidente del Senado, y aseguró que nunca hubo un pronunciamiento formal de la corporación sobre la conveniencia de la consulta. Según el Gobierno, esta situación justificaría el uso del decreto para habilitar el mecanismo de participación directa.
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Choque institucional: se avecina una batalla jurídica
La decisión presidencial ha encendido las alertas entre sectores de oposición, que ya han anunciado su intención de presentar demandas contra el eventual decreto. Si se concreta, se prevé que el proceso escale rápidamente a instancias judiciales, generando un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso.
Uno de los primeros en intervenir será el registrador nacional, Hernán Penagos, quien tendrá que definir si acoge o no el decreto presidencial. De hacerlo, su despacho deberá coordinar la organización logística y presupuestal de una consulta nacional, que implicaría un costo estimado de 700.000 millones de pesos. Estos recursos provendrían de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (Dgppn), a través del Ministerio de Hacienda.
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No obstante, existe la posibilidad de que Penagos opte por no actuar hasta que haya un pronunciamiento del Consejo de Estado, dada la alta probabilidad de que el decreto sea objeto de acciones legales. La decisión recaería en la Sala Quinta de ese tribunal, que tendría que pronunciarse sobre la legalidad del instrumento presidencial. Si las demandas son acompañadas de solicitudes de medidas cautelares —como se anticipa—, el proceso podría quedar suspendido hasta que se resuelvan de fondo los recursos interpuestos.
El abogado detrás de la teoría jurídica del Gobierno
El diseño argumentativo que permitiría al Ejecutivo avanzar con la consulta por vía de decreto ha sido elaborado por Yefferson Dueñas Gómez, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Según reportes periodísticos, Dueñas ha sido clave en la estructuración legal de la iniciativa, que busca apoyarse en interpretaciones alternativas del marco normativo sobre mecanismos de participación ciudadana.
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El presidente Petro ha señalado que, en su criterio, es la Corte Constitucional la que debería definir la validez del decreto, aunque en la práctica el trámite se canalizaría inicialmente a través del Consejo de Estado.
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