Más de 200 homicidios de personas pertenecientes a la comunidad Lgbti+ han quedado registrados en Colombia entre 2024 y 2025. Este alarmante número, que se traduce en un asesinato cada 55 horas, refleja la grave situación de violencia que enfrenta esta población, especialmente las personas trans.
Así lo señaló Graeme Reid, experto independiente de las Naciones Unidas a El País de Cali, que visitó varias ciudades del país para documentar los riesgos a los que están expuestas estas comunidades.
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Durante su estadía entre el 19 y el 30 de mayo, Reid recorrió ciudades como Cúcuta, Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, elaborando un diagnóstico sobre las realidades de violencia, discriminación y exclusión que afectan a la población Lgbti+.
Según explicó al medio, la brecha entre los principios constitucionales y las garantías legales frente a la realidad territorial es uno de los grandes problemas que enfrenta Colombia. Reid enfatizó que, aunque existen más de 800 fallos judiciales a favor de la protección de esta comunidad, su aplicación práctica es casi inexistente.
“Durante la visita, tuve conocimiento de dos mujeres trans asesinadas en incidentes separados: una inmediatamente antes de mi llegada y otra durante la misión. Esto pone de relieve los riesgos y la situación de vulnerabilidad constante que enfrentan, en particular, las personas trans”, afirmó Reid en declaraciones recogidas durante su visita. Casos más sonados incluyen el homicidio de Sara Millerey, en Antioquia, y el de Nawar Jiménez, una líder social trans en el Carmen de Bolívar, ambos descritos como ejemplos de la horrible violencia que padecen estas mujeres.
De acuerdo con el experto, la violencia ejercida contra la comunidad Lgbti+ está agravada por el recrudecimiento del conflicto por parte de grupos armados, que profundizan la exclusión y discriminación en las regiones más afectadas por su presencia. A esta agresión sumada por el contexto armado se le añade el vacío estatal en las respuestas de protección efectivas. Según Reid, las instituciones aún no logran abordar de manera adecuada las necesidades y peligros críticos que enfrenta esta comunidad.
Reid también destacó que no existe en Colombia una ciudad que pueda considerarse completamente segura para quienes pertenecen a esta población. Cuando le preguntaron por una ciudad más segura para la comunidad, tuve que responder que ninguna. Esto deja en evidencia la imposibilidad para las víctimas de refugiarse de los niveles generalizados de violencia en el país.
En un contexto de violencia sistemática hacia las personas trans, la Semana Trans vio al gobierno colombiano emitir un acto de perdón público en Cali, en memoria de los homicidios perpetrados contra esta comunidad. Este evento, que Reid observó como un esfuerzo simbólico de reconocimiento, también subrayó lo esencial que resulta adoptar medidas prácticas para prevenir futuros crímenes. “Se requiere un cambio cultural y social profundo”, sostuvo Reid al reflexionar sobre este tema.
El próximo paso en su investigación será la presentación de un informe detallado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, programado para junio de 2026. Este documento incluirá un análisis de las fallas estructurales que perpetúan la violencia, y recomendaciones para que las autoridades colombianas fortalezcan los mecanismos de prevención y protección.
Aunque reconoció ciertos progresos legislativos en el reconocimiento de derechos a la población Lgbti+, Reid enfatizó que estas medidas aún no logran traducirse en un impacto real en las vidas de las personas que siguen enfrentando violencia, exclusión y estigmatización. Su balance preliminar destaca que “existe una crisis de altos niveles de violencia”, reiterando la necesidad de actuar de manera integral frente a esta problemática.
Mientras Colombia enfrenta estos desafíos sociales y estructurales profundamente arraigados, los datos y testimonios recogidos por el experto independiente Naciones Unidas ponen de manifiesto una lucha urgente por los derechos y la seguridad de quienes conforman la comunidad Lgbti en el país. Sólo abordando las estructuras culturales, sociales y legales en conjunto será posible proteger a estas personas de la violencia y garantizar su dignidad e igualdad.
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