Preocupación entre los vallecaucanos ha generado el último informe sobre el índice de criminalidad en Sudamérica de la base colaborativa de datos, Numbeo, luego de que su capital, Cali, fuera incluida entre las diez ciudades más peligrosas de la región.
El deshonroso listado, del que también forman parte metrópolis de Venezuela, Perú y Brasil, dio a conocer que el índice de criminalidad de Cali es de un 71.3, frente a un 28.7, de índice de seguridad.
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Los resultados posicionan a Cali como la séptima ciudad más peligrosa de Sudamérica, por detrás de Caracas (Venezuela), con un índice de criminalidad del 81.5; Salvador (Brasil) con un índice de criminalidad del 76.7; Recife (Brasil) con un índice de criminalidad del 75.7; Fortaleza (Brasil) con un índice de criminalidad del 75.7; Río de Janeiro (Brasil) con un índice de criminalidad del 75.2, y Guayaquil (Ecuador) con un índice de criminalidad del 74.4.
El listado es completado por Porto Alegre (Brasil) con un índice de criminalidad del 70.8; Lima (Perú) con un índice de criminalidad del 70.7 y São Paulo (Brasil) con un índice de criminalidad del 70.1.
Son varias las razones de la situación actual en Cali, pero de acuerdo con Numbeo la ciudad se enfrenta a problemáticas como el tráfico de drogas, el crimen organizado y la falta de oportunidades para poblaciones jóvenes, que encuentran en las actividades ilícitas una alternativa, para hacer dinero fácil.
Sistemas de Inteligencia Artificial analizaron los índices de criminalidad en Cali y su pronóstico para el futuro es desalentador:
La simulación predictiva realizada por un sistema de inteligencia artificial (IA) advierte un panorama crítico para Cali en las próximas dos décadas, al identificarla como la ciudad más peligrosa de Colombia. Esta proyección se basa en el análisis de datos históricos desde el año 2000, incluyendo estadísticas delictivas, informes judiciales y mapas de pobreza, que reflejan las dinámicas sociales y la conflictividad armada que afectan a la ciudad.
Cali presenta una tasa de homicidios de 42 por cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas del país, superando a otras urbes principales como Bogotá, Medellín o Barranquilla, donde la violencia ha tendido a disminuir. Esta situación responde a causas estructurales: la presencia de bandas criminales organizadas que disputan el control de economías ilegales, la insuficiente capacidad institucional en sectores vulnerables y factores sociales como el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la deserción escolar.
La inseguridad se manifiesta en fenómenos diversos como el narcotráfico, el microtráfico, homicidios, feminicidios, hurtos y extorsiones, que afectan especialmente a áreas urbanas con altos índices de pobreza multidimensional. Además, la IA destaca el debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, agravado por denuncias de corrupción, percepciones de impunidad y falta de coordinación entre los diferentes niveles del Estado.
El modelo proyecta que, de no implementarse medidas urgentes y estructurales, Cali enfrentará un deterioro en su gobernabilidad urbana, con pérdida del control estatal en algunas zonas, aumento de la violencia y desplazamientos forzados hacia otras regiones para el 2045. Este escenario convierte a la ciudad en un punto crítico para la seguridad nacional, dada su importancia demográfica y estratégica.
Ante este diagnóstico, expertos en seguridad y organizaciones sociales coinciden en la necesidad de una intervención integral que combine presencia del Estado, inversión social y programas de prevención orientados a la juventud. La ampliación de la cobertura educativa, la generación de oportunidades laborales y el fortalecimiento de la justicia comunitaria son pilares fundamentales para contrarrestar las redes criminales y romper ciclos de violencia.
Aunque el análisis generado por la IA no reemplaza el trabajo institucional ni el juicio experto, ofrece una herramienta valiosa para anticipar riesgos y orientar políticas públicas. El futuro de Cali dependerá en gran medida de la capacidad política y administrativa para transformar esta ciudad afectada por la violencia en un territorio con mayor seguridad, gobernabilidad y oportunidades.
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