El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso reconoció su conocimiento directo del asesinato de Aury Sara Marrugo, dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO), perpetrado en 2001, y lo calificó como un “crimen de Estado”.
El pronunciamiento tuvo lugar durante una audiencia pública los días 22 y 23 de mayo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en medio del macro caso 08, sub-caso Magdalena Medio, que investiga la violencia ejercida por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en esa región.
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Un crimen que marcó la historia del sindicalismo
Aury Sara Marrugo, destacado líder de la USO en Cartagena, fue secuestrado y posteriormente asesinado por el frente Héroes de los Montes de María, al mando de alias Juancho Dique, siguiendo órdenes directas de Carlos Castaño y bajo el conocimiento de Salvatore Mancuso. Aunque Mancuso afirmó no haber participado directamente en el asesinato, sí admitió estar a cargo de coordinar acciones con las unidades militares en la zona para evitar que se intentara una operación de rescate, dada la presión nacional generada por el plagio.
En la audiencia, Mancuso explicó que su rol era intervenir si las fuerzas militares intentaban liberar al líder sindical y a su escolta, quienes se encontraban secuestrados. “La misión de Mancuso era cuadrar con las unidades militares para que no realizaran acciones armadas contra los paramilitares que retenían a Aury”, se relata en el comunicado oficial de la USO. En su intervención, el exjefe paramilitar afirmó que “la orden del asesinato provino de Carlos Castaño, que recibió información de inteligencia militar, para actuar en contra del presidente de la USO Cartagena”.
Mancuso pidió perdón
Durante la audiencia, la magistratura permitió la intervención de Jorge Sara, hijo del dirigente asesinado, que conmovió a los asistentes al rendir homenaje a la memoria de su padre y reclamar justicia. Sara describió a Aury como un “esposo, padre, hijo, líder sindical y popular, y como defensor de la refinería de Cartagena y de los derechos de los obreros de Ecopetrol en la ciudad amurallada”.
En un momento de alta emotividad, Jorge Sara confrontó directamente a Mancuso, asegurando que no había existido justificación para masacrar a los líderes de la Unión Sindical Obrera. Ante este llamado, Mancuso respondió ofreciendo perdón a la familia de Aury, a la USO y arrepintiéndose por el asesinato, “que no debió suceder, porque la estigmatización se usó como arma de guerra y muchas personas fueron masacradas siendo inocentes, entre ellas, varios sindicalistas”.
Este acto de reconocimiento y perdón es considerado por la USO como un momento histórico: “Por primera vez, un paramilitar de ese rango ofrece perdón a la USO por el daño causado y reconoce que los señalamientos de la inteligencia militar, llevó a estigmatizar al sindicato con consecuencias nefastas para la organización sindical”.
Crimen de Estado y estigmatización del sindicalismo
Uno de los aspectos más relevantes de la intervención de Mancuso fue su afirmación categórica de que el asesinato de Aury Sara fue un crimen de Estado. “Dijo que era un crimen de Estado, porque la información que justificaba atentar contra Aury fue dada por agentes estatales”, señala el comunicado de la USO. Esta declaración refuerza la tesis de una alianza entre estructuras paramilitares y sectores de las fuerzas armadas en el marco de la persecución al sindicalismo, en especial a organizaciones como la USO, históricamente señaladas de forma infundada como aliadas de la insurgencia.
La audiencia también sirvió para reiterar el compromiso de Mancuso con procesos de reparación simbólica y material. Según lo anunciado, uno de los acuerdos contempla iniciativas con la Universidad de Cartagena y la participación activa de Jorge Sara, hijo del líder asesinado, como parte de las acciones de memoria y justicia.
El equipo de la USO que litiga ante la JEP solicitó que la audiencia incluyera un espacio específico para abordar las violaciones de derechos humanos contra el sindicato, así como las relaciones entre paramilitares y funcionarios de Ecopetrol en el hurto de combustible. La organización sindical ha insistido en que lo ocurrido en el Magdalena Medio fue parte de un ataque sistemático y coordinado desde estructuras del Estado.
La magistratura de la JEP, tras la audiencia, quedó comprometida a continuar con la investigación de estos hechos, que se extienden más allá del asesinato de Aury Sara y abarcan una estrategia de exterminio dirigida contra el movimiento sindical colombiano en varias regiones del país.
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