Estos son los contratos vigentes con el Estado del polémico nuevo magistrado Héctor Carvajal: lo dejarían impedido en debate de la reforma laboral

El abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, recientemente elegido magistrado de la Corte Constitucional, enfrenta cuestionamientos debido a su participación en contratos de asesoría jurídica con diversas entidades públicas, entre ellas, Colpensiones, la Federación Colombiana de Municipios, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Estos contratos, vigentes en 2024, suman un total de 858 millones de pesos y podrían generar conflictos de interés en su nuevo rol como magistrado, especialmente en el debate sobre la reforma pensional impulsada por el Gobierno.

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Uno de los contratos más relevantes es el suscrito con Colpensiones, valorado en 223 millones de pesos. Este acuerdo tenía como objetivo la prestación de servicios de asesoría jurídica especializada en derecho administrativo y gestión pública.

Entre las responsabilidades asignadas a Carvajal se encontraba la elaboración de conceptos y propuestas relacionadas con proyectos de actos legislativos y leyes, incluyendo la reforma pensional.

Documentos revisados por Cambio revelan que Carvajal participó en la elaboración de conceptos jurídicos sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, y en la contestación de demandas de inconstitucionalidad contra esta norma.

Estas actividades podrían obligarlo a declararse impedido para participar en el debate sobre la reforma en la Corte Constitucional.

Además del contrato con Colpensiones, Carvajal mantiene otros acuerdos con entidades públicas. El segundo contrato de mayor valor, por 229 millones de pesos, fue firmado con la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y está relacionado con asesorías en derecho administrativo sobre el monopolio de licores y alcoholes potables en el departamento.

Este convenio, iniciado el 25 de febrero de 2024, tiene como fecha de finalización el 24 de octubre del mismo año, con pagos mensuales de 28 millones de pesos.

Otro contrato relevante es el firmado, por Carvajal, con la CAR de Cundinamarca, por un valor de 169 millones de pesos. Este acuerdo se centra en la representación judicial y extrajudicial de la entidad en procesos de derecho contencioso administrativo, así como en el acompañamiento jurídico en temas asignados a la Dirección. Este contrato tiene vigencia hasta el 23 de diciembre de 2025.

Por último, el convenio con la Federación Colombiana de Municipios, valorado en 165 millones de pesos, tiene como objetivo apoyar la gestión jurídica para fortalecer la función pública asignada. Este contrato, que incluye pagos mensuales de 15 millones de pesos, finalizará el 29 de diciembre.

El contrato con Colpensiones ha generado especial controversia debido a su relación directa con la reforma pensional, una iniciativa del Gobierno que actualmente enfrenta múltiples demandas de inconstitucionalidad.

Según el informe de terminación del contrato 070 de 2024, Carvajal elaboró conceptos jurídicos y respondió demandas relacionadas con la reforma, lo que podría comprometer su imparcialidad en el debate que se llevará a cabo en la Corte Constitucional.

De acuerdo con el expresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, si Carvajal emitió conceptos sobre la norma, estaría obligado a declararse impedido para participar en la discusión o, en su defecto, podría ser recusado.

Además de los posibles conflictos de interés, la ley obliga a Carvajal a ceder los contratos vigentes con entidades públicas antes de asumir su cargo como magistrado.

Según explicó el exmagistrado constitucionalista a El Tiempo, Carvajal no puede continuar prestando servicios jurídicos a entidades del Estado una vez tome posesión de su nuevo rol. Su única responsabilidad será con la Corte Constitucional, aunque podrá continuar ejerciendo actividades académicas como docente.

El debate sobre la reforma pensional está programado para iniciar el 29 de mayo de 2024 en la Sala Plena de la Corte Constitucional.

La reforma, que entrará en vigor el 1 de julio de 2024, busca establecer un sistema de atención integral a la vejez y ha sido objeto de múltiples demandas ciudadanas.

Una de las demandas, presentada por la senadora Paloma Valencia, argumenta que el trámite legislativo de la reforma vulneró el principio de consecutividad al no debatirse más de 500 proposiciones en la Cámara de Representantes.

Este argumento fue acogido por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que presentó una ponencia que solicita anular la reforma debido a un vicio de trámite insubsanable.

En respuesta a las demandas, Colpensiones y otras entidades gubernamentales han defendido la reforma argumentando que el procedimiento legislativo cumplió con los requisitos legales.

Inicialmente, Colpensiones presentó una intervención en solitario, pero posteriormente, el Gobierno adoptó una estrategia conjunta que incluyó al Dapre, los ministerios de Hacienda, Trabajo e Igualdad, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Este concepto conjunto busca desestimar los cargos de las demandas y mantener la reforma tal como fue aprobada por el Congreso.

La participación de Carvajal en este debate dependerá de varios factores, incluyendo la finalización de sus contratos vigentes y su eventual declaración de impedimento. Mientras tanto, la Corte Constitucional deberá resolver el caso antes de septiembre de 2025, aunque la intención de la Sala Plena es emitir un fallo antes de que la reforma entre en vigor en julio.

Actualmente, la discusión en la Corte cuenta con ocho magistrados habilitados, ya que la magistrada Diana Fajardo está impedida y la plaza de la exmagistrada Cristina Pardo está ocupada temporalmente por Carolina Ramírez Pérez. Para que la ponencia de Ibáñez sea aprobada, se requieren al menos cinco votos favorables.