
El conflicto entre la administración distrital de Bogotá y el Gobierno nacional por la situación de las comunidades indígenas embera asentadas en el Parque Nacional escaló con la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de emprender acciones legales.
El lunes 19 de mayo de 2025, el mandatario señaló que la medida busca denunciar el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno nacional hacia esas comunidades, que incluyen a más de 500 personas, entre ellas 220 niños y niñas. El alcalde enfatizó que la ciudad no puede seguir asumiendo sola la responsabilidad de atender a esa población, especialmente cuando los derechos de los menores están en riesgo.
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El anuncio de Galán generó reacciones inmediatas. El excandidato a la alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara criticó la decisión a través de su cuenta en la red social X, señalando que un alcalde debe gobernar y no limitarse a presentar demandas. “En esta alcaldía todo es tibio. Un alcalde no es un ciudadano común y corriente. Lo eligen para que gobierne, no para que presente demandas”.

Aunque Galán no respondió directamente a estas declaraciones, el secretario de Integración Social, Alberto Angulo, defendió la postura del alcalde en la misma plataforma. Angulo argumentó que la denuncia es un deber del Estado, la comunidad y las familias, según lo establece el artículo 44 de la Constitución, que prioriza los derechos de los niños sobre los de los demás.
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“Cuando de niños y niñas se trata, la inacción no es una posibilidad; estado, comunidad y familia tenemos la obligación de asistir y proteger al niño y eso incluye, además de agotar nuestras posibilidades, el deber de denunciar al que está violando sus derechos.”, afirmó el funcionario.

Mensaje contundente de Galán al Estado colombiano
En su mensaje al Gobierno nacional, Galán destacó que el distrito ha invertido cerca de 22.000 millones de pesos en la atención a la población embera, ofreciendo albergue, atención y acompañamiento con un enfoque especial en los menores. Sin embargo, señaló que los líderes de la comunidad han rechazado la ayuda hasta que se cumplan sus demandas.
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El alcalde calificó como inaceptable la instrumentalización de niños y niñas como herramienta de presión y reiteró que el espacio público no es un lugar adecuado para que los menores vivan, ya que están expuestos a riesgos significativos. “Cumplirle a la ciudadanía no es un acto de voluntad: es una obligación”, subrayó Galán, haciendo un llamado al Ministerio del Interior y a la Unidad para las Víctimas para que asuman su responsabilidad.

Por su parte, el secretario general del distrito, Miguel Silva, recordó que en octubre de 2023 un juez de la República ordenó la reubicación urgente de la población embera en un plazo de 48 horas, fallo que hasta la fecha no ha sido cumplido.
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Silva insistió en que el distrito está dispuesto a colaborar en la reubicación, pero que esta requiere una respuesta concreta del Gobierno Nacional. “Llevamos más de un año y hasta el momento no se ha cumplido”, afirmó. Asimismo, señaló que las condiciones actuales, como el uso de una bodega para albergar a la comunidad, no son adecuadas para garantizar su bienestar. Silva sugirió que se utilicen predios disponibles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o del Fondo de Reparación a las Víctimas, propuestas que, según él, no han recibido respuesta por parte del Gobierno.

Es importante resaltar que, en las primeras horas de la tarde del martes 20 de mayo, el Gobierno nacional llevó a cabo una reunión en el Ministerio del Interior con la directora de la Unidad para las Víctimas, Gloria Curtas; con representantes de la Agencia Nacional de Tierras y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el fin de revisar acciones que permitan dar con una respuesta afectiva a las necesidades por parte de la comunidad embera que se encuentra en la capital.
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A partir de ese encuentro, el viceministro del Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rendón, señaló que: “El Gobierno nacional cita mañana a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) para abordar el retorno de los embera y la posibilidad de que algunas de estas comunidades se quieran quedar a vivir en Bogotá”.
Igualmente, instó a las demás entidades nacionales y distritales a no seguir en confrontaciones que polaricen el país, buscando un responsable por la situación que vive cientos de familias de la comunidad embera en el país. “Aquí no se trata de pelear, no podemos seguir polarizando este país de quién tiene la razón, sino trabajar de común acuerdo para darle solución a una población como la embera y así proteger sus derechos”.
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