
La Policía Nacional de Colombia enfrenta una seria controversia tras revelarse que el número de coroneles activos en la institución ha caído a su nivel más bajo en más de diez años.
Actualmente, hay solo 137 coroneles en servicio, una cifra que representa una reducción del 50% en comparación con el pico registrado en 2016, cuando se contabilizaban 273 oficiales con este rango.
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Esta caída pronunciada ha despertado preocupaciones en la fuerza pública, incluso, El Tiempo entrevistó a analistas de seguridad, quienes advierten que la reducción de mandos intermedios puede tener efectos directos en la operatividad, el liderazgo estratégico y la capacidad de reacción de la Policía en todo el país.
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El rango de coronel representa un punto neurálgico dentro de la estructura policial porque estos oficiales son los encargados de liderar unidades operativas, planificar tácticas de seguridad, coordinar con autoridades regionales y garantizar la ejecución de políticas institucionales.

La ausencia o disminución de estos mandos intermedios, según los expertos, puede ocasionar vacíos en la cadena de mando y sobrecarga en otros niveles jerárquicos.
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Además de la disminución numérica, también hay una evidente brecha de género: de los 137 coroneles activos, solo nueve son mujeres, lo que equivale al 6,5% del total.
Frente a esta situación, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, aseguró que ya se han trazado planes para revertir esta tendencia.
“La proyección de planta de personal en los grados de teniente coronel y coronel para los años 2025, 2026 y 2027 tendrá un incremento del 41,2%, lo que permitirá afrontar los retos institucionales y gubernamentales en materia de seguridad y convivencia ciudadana”, señaló Triana.
Además, explicó que en 2025 se promoverán 273 oficiales a los grados de teniente coronel y coronel. Según la proyección oficial, en 2026 habría 1.015 oficiales en estos rangos, y en 2027 la cifra ascendería a 1.376.
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Una muestra de esa aceleración en los procesos de ascenso es la posibilidad de adelantar para el 1 de junio la ceremonia de promoción del curso 77 de tenientes coroneles, inicialmente prevista para diciembre.

Para los analistas, la reducción no es un simple asunto administrativo, sino el reflejo de transformaciones profundas dentro de la institución.
La experta en seguridad Melisa Franco, entrevistada por El Tiempo, advirtió que esta situación debe verse como una “señal de alerta”.
“Estos oficiales cumplen un rol fundamental como puente entre las autoridades civiles, las fuerzas militares y la comunidad. Su liderazgo regional es insustituible”, afirmó Franco.
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Mientras tanto, el director de la institución, general Carlos Fernando Triana, salió al paso de las críticas y explicó que con el anuncio dado se busca responder a los desafíos operativos y de seguridad que enfrenta el país.
Frente a este panorama, Triana explicó que el fortalecimiento de la planta de coroneles no solo responde a la necesidad operativa, sino también a una visión de sostenibilidad del talento humano en el tiempo.

“El estatuto de carrera de la Policía Nacional permite y faculta al Gobierno nacional para evaluar la trayectoria profesional de los señores oficiales superiores, de acuerdo a las acciones extraordinarias de valor o resultados operacionales”, puntualizó, subrayando que los procesos de ascenso obedecen a criterios de mérito y desempeño.
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Asimismo, señaló que el régimen pensional vigente —que permite a los oficiales permanecer entre 20 y 25 años en la institución— ofrece una ventaja a la hora de consolidar equipos de liderazgo estables y experimentados.
“Esto permitirá potenciar progresivamente las expectativas profesionales de los oficiales, garantizando así una mayor permanencia y continuidad en los cargos de dirección”, agregó el director.
El anuncio del general Triana representa un intento claro por recuperar el equilibrio en la estructura jerárquica de la Policía Nacional. No obstante, persisten interrogantes sobre si el fortalecimiento proyectado llegará a tiempo para subsanar los vacíos actuales, evitar sobrecargas operativas y restablecer la confianza tanto al interior de la institución como en su relación con la ciudadanía.
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