Han pasado más de 42 años desde que en Colombia se dio el caso Colectivo 82, un proceso abierto en el que la Fiscalía General de la Nación indaga la desaparición forzada de trece personas en 1982, en un episodio que involucró a exagentes de la inteligencia policial colombiana y su presunta alianza con grupos mafiosos.
De hecho, el 7 de mayo, el ente acusador reactivó el caso y llamó a juicio a catorce expolicías, entre ellos, a Nacín Yanine Díaz, general retirado que fue director de la inteligencia policial en la década de los 80 y quien, según la Fiscalía, habría liderado la estructura que cometió estos crímenes, según información obtenida por El Espectador.
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Los hechos ocurrieron entre abril y septiembre de 1982 en Bogotá y Cundinamarca, en medio de la violencia política y el auge del narcotráfico que se vivía en todo el territorio nacional.
La investigación describe cómo miembros de la Policía Nacional habrían colaborado con el grupo narcoparamilitar Muerte a Secuestradores (MAS), implicado en la violencia contra opositores políticos, incluyendo el exterminio de integrantes de la Unión Patriótica, partido fundado en 1984.
Según los documentos obtenidos por el diario nacional, un antecedente clave del caso fue el secuestro y asesinato de los tres hijos de José Jáder Álvarez, narcotraficante del cartel de Medellín, en octubre de 1981.
La inteligencia policial, entonces bajo el mando del coronel Yanine Díaz, inició la búsqueda de los responsables, pero, según la Fiscalía, “se descarriló de sus funciones” para tomar la justicia en sus manos.
El general retirado es señalado como el “hombre de atrás” o la “palanca de mando” que ordenó las desapariciones, aunque negó conocer los hechos.
Los familiares de las víctimas han dado testimonios que apuntan a la actuación directa y encubridora del exoficial.
María Teresa Sanjuan, hermana de dos de los desaparecidos, relató ante la Fiscalía la presencia constante de vehículos sospechosos en su lugar de trabajo y casa, y afirmó que, al preguntar al general Yanine si esos carros pertenecían al F-2, “me dijo que sí”.
Por su parte, un vecino declaró que agentes encubiertos lo interrogaron sobre los hermanos Sanjuan y que observó vigilancia constante en la zona, con la presencia de varios carros que “estuvieron un rato” durante varios días.
La Fiscalía también documentó que Yanine habría solicitado información sobre otro hermano de las víctimas, Yovanny Sanjuan, para ampliar las persecuciones. El uso del poder institucional para estos fines es uno de los elementos centrales de la acusación.
El expediente revela además que el narcotraficante Álvarez financió parte de las operaciones de la inteligencia, incluyendo pagos en efectivo a los uniformados y gastos logísticos como desplazamientos y vuelos en aeronaves privadas para rastrear a los secuestrados.
Testigos indicaron que Álvarez acompañó a la Policía en las operaciones en Gachalá (Cundinamarca), y que incluso pudo haber sido guiado por una persona capturada ilegalmente, aunque su identidad no está clara.
En 1985, la inteligencia policial, incluyendo agentes del F-2, estuvo implicada en otro episodio emblemático de la violencia estatal durante el conflicto armado: la toma y retoma del Palacio de Justicia, donde varias personas bajo custodia fueron torturadas y desaparecidas, según informes oficiales de la Corte Suprema, la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
La defensa de Yanine Díaz ha sido limitada, debido a la falta de un abogado técnico hasta 2023 y a su estado de salud deteriorado por Parkinson, aunque la Fiscalía cuestiona que su condición le impida declarar, citando anotaciones médicas recientes que indican que está “alerta” y “orientado”.
Además, la defensa se apoya en dos sentencias previas: una de 1986 que absolvió al general por falta de pruebas, cuando el delito de desaparición forzada aún no estaba tipificado, y otra de 2003 que exoneró al narcotraficante Álvarez.
El llamado a juicio de los 14 expolicías, que fue apelado por sus abogados, está en revisión por un fiscal de segunda instancia. Si avanza, el caso entrará a juicio, donde se escucharán testimonios y se evaluarán pruebas para determinar responsabilidades.
Las víctimas desaparecidas a las que hace referencia la investigación son: Orlando García Villamizar, Pedro Silva Bejarano, Rodolfo Espitia Rodríguez, Edgar García Villamizar, Gustavo Campos, Hernando Ospina, Rafael Prado, Edilbrando Joya, Francisco Medina, Bernardo Acosta Rojas, Manuel Acosta Rojas y los hermanos Alfredo y Samuel Sanjuan.
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