Ante una comisión humanitaria que lideró la Defensoría del Pueblo, el ELN liberó en la tarde del lunes 19 de mayo a la joven indígena Jessica Mariana Albarracín Alvarado, que estuvo en poder del grupo armado organizado todo el fin de semana, luego de que la raptaran en zona rural de Tame, en el suroccidente de Arauca.
El plagio de la mujer de 21 años, madre de dos pequeños menores de 5 años de edad, lo perpetraron los subversivos el pasado sábado en la vereda Cravo Corozo cuando la sacaron a la fuerza de su vivienda en el sector conocido como El Culebrero, cerca de la vía que conecta con la población de Corocito, informaron en el periódico regional Boyacá Siete Días.
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“El dolor es inmenso. Solo pedimos que la devuelvan con vida, que no le hagan daño. Sus hijos la necesitan”, citaron de las declaraciones de uno de sus familiares en la emisora Caracol Radio.
Sin embargo, la incertidumbre que padecieron sus familiares y allegados llegó a su fin, tras su retorno a la libertad en el área donde reside su comunidad indígena, y aunque aparentemente se encontraba en buen estado de salud, fue sometida a una valoración médica como parte del protocolo.
El secuestro fue duramente condenado por líderes indígenas de la región, quienes rechazaron categóricamente la presencia de actores armados en sus territorios. Albarracín, además de ser madre, es estudiante en la cabecera municipal de Tame y no tiene ningún vínculo con actividades ilegales, según afirmaron vecinos y allegados. Este hecho, consideran, refleja la vulnerabilidad que soportan día a día los habitantes de zonas rurales en medio del conflicto armado, agregaron en el medio radial.
No obstante, en el comunicado que emitieron desde el ELN la señalaron por no mantener la neutralidad dentro de la confrontación que mantienen en el país.
“Después de habérsele aplicado el debido proceso acorde a la normatividad del ELN, se le hace entrega a sus familiares. Insistimos a la población del Oriente Colombiano a no caer en falsas promesas, chantajes o amenazas, por parte de mercenarios narco paramilitares y agencias de inteligencia estatales, esto trae consecuencias, NEUTRALÍCENSE [sic]”, aseguraron en la misiva que se les atribuye.
La región continúa viviendo una crisis de seguridad que afecta tanto a comunidades rurales como a servidores del Estado. En Arauca capital, familiares y grupos sociales exigen la liberación de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN el 8 de mayo en áreas rurales de Fortul, detallaron en portal web de noticias Llanera.com.
Un informe que publicó en abril la Defensoría del Pueblo de Colombia reveló que el ELN mantiene secuestradas a 68 personas en las regiones de El Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, y en Arauca.
De acuerdo con las declaraciones de la titular de esa entidad, Iris Marín, ese grupo insurgente mantiene cautivas al menos 50 personas en El Catatumbo, acusándolas de colaborar con las disidencias del frente 33. A estas víctimas se suman otras 18 personas que permanecen en poder del grupo armado en el departamento de Arauca, incluso después de la reciente liberación de los ganaderos.
El informe también incluyó datos proporcionados por el Ministerio de Defensa, que registró 40 secuestros en el primer trimestre de 2025. De estos casos, 31 tuvieron fines extorsivos y 9 fueron clasificados como secuestros simples. Aunque estas cifras representan una disminución en comparación con años anteriores, el fenómeno continúa siendo una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En 2024 se reportaron 290 secuestros, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 338, lo que evidencia una leve reducción, pero no suficiente para erradicar esta práctica.
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