El ministro de Salud, como presidente encargado, no podía radicar la nueva consulta popular, aseguró el representante Andrés Forero: anunció demanda

El lunes 19 de mayo de 2025, el Gobierno nacional presentó formalmente una nueva consulta popular compuesta por 16 preguntas, tres más de las inicialmente previstas. La radicación estuvo a cargo de los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Trabajo, Antonio Sanguino; y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La denominada “consulta popular 2.0” amplía el alcance del mecanismo participativo, incluyendo no solo temas relacionados con la reforma laboral, actualmente en su tercer debate en el Senado, sino también aspectos clave de la reforma al sistema de salud que impulsa el Ejecutivo. La iniciativa busca recoger respaldo ciudadano frente a los principales proyectos sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de polémica. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, anunció que denunciará al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por haber participado en la radicación de la consulta popular. Según Forero, el ministro no contaba con la debida delegación para presentar formalmente el mecanismo.

Forero explicó que la presunta irregularidad radica en que los decretos que delegaron funciones presidenciales al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la ausencia del presidente Gustavo Petro, no incluían la atribución contemplada en el artículo 104 de la Constitución. Dicho artículo faculta exclusivamente al jefe de Estado para consultar al pueblo a través de mecanismos como la consulta popular. Según el representante, la omisión de esta facultad en la delegación invalida la radicación del nuevo cuestionario.

“La consulta que radicó hoy @GA_Jaramillo está viciada. En los decretos que le delegaron funciones presidenciales no aparece el Art. 104 constitucional, que es el que faculta al presidente para “consultar al pueblo”. ¿Se extralimitó o usurpó funciones el ministro? Denunciaremos", escribió por medio de su cuenta de X el legislador perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Pero ese no fue el único pronunciamiento de Forero sobre el tema. En respuesta a una publicación del ministro Jaramillo en la que hacía referencia a la llamada “consulta 2.0”, el representante volvió a cuestionar su actuación. “Habló el verdugo del pueblo colombiano. Además en medio de la improvisación y la chambonería que lo caracteriza no se percató que no tenía delegación para radicar la consulta. Lo vamos a denunciar por presunto abuso de función pública (Art. 428 del Código Penal)”, aseveró el congresista.

En cuanto a la publicación a la que contestó Forero, fue una en que Jaramillo dijo lo siguiente: “Se van a tener que encontrar con el pueblo”. Ese momento llegó, y hoy damos el primer paso. Por eso, radicamos nuevamente la #ConsultaPopular con 16 preguntas, 4 de ellas dedicadas al sistema de salud. Desde el Gobierno del Cambio, acompañamos a los colombianos en su voluntad de transformar el país, con condiciones laborales justas y una salud digna para todas y todos. ¡El pueblo es el que decide!“.

El congresista Andrés Forero no fue el único congresista en pronunciarse sobre la radicación de la consulta popular. La también representante a la Cámara Katherine Miranda también cuestionó la legalidad del procedimiento, señalando que el ministro Jaramillo, en calidad de presidente encargado, no tenía facultades constitucionales para presentar dicho mecanismo. Según Miranda, la consulta carece de validez desde su origen.

“Pues Ministro, su consulta nació viciada. Ud como presidente encargado no tiene dentro de las funciones decretadas la posibilidad de presentar una consulta popular, jamás le delegaron las funciones del artículo 104 de la Constitución”, comentó la congresista en su mensaje de la red social X.

Y es que, los ministros del Interior, Trabajo y Salud, siguiendo indicaciones del presidente Gustavo Petro, presentaron la nueva versión de la consulta popular al secretario General del Senado, Diego González. Este funcionario había sido cuestionado por el Gobierno después de que la primera propuesta fuera rechazada el miércoles 14 de mayo, y además fue vinculado por algunos sectores con un supuesto fraude.