Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo o el “zar del contrabando”, es un contrabandista colombiano que ha cobrado relevancia por los vínculos de sus actividades delictivas, los supuestos nexos con la campaña del presidente Gustavo Petro y la manera en que logró consolidarlas con ayuda de la DEA.
De acuerdo con una investigación realizada por el medio Associated Press, uno de los más influyentes a nivel mundial, se detectó que, mediante prácticas de soborno y favores, Marín logró permear la agencia estadounidense para evitar ser llamado a rendir cuentas por sus delitos.
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Tal fue el impacto de la información revelada –que incluía fiestas lujosas y sobornos como forma de influencia– que el presidente, Gustavo Petro, reaccionó en su cuenta de X, señalando directamente a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por facilitar las operaciones delictivas de Marín: “Hasta agentes de la DEA ayudaban a Diego Marín en su labor de contrabando”.
El medio involucró al agente José Irizarry como uno de los principales aliados de Marín, dejando en evidencia una grave situación dentro de la agencia, que permitió que este delincuente se infiltrara y consolidara un sistema de corrupción.
White Wash fue una operación oficial creada para desmantelar la red de contrabando de “Papá Pitufo”. En un principio, Marín fue involucrado como informante, pero la operación fue aprovechada por los agentes encargados para beneficiarse personalmente. Según Associated Press, estos agentes recibieron fiestas con trabajadoras sexuales, cenas lujosas y otros beneficios.
Mientras tanto, los informes eran desviados, y el colombiano logró construir un imperio del contrabando que llegó a mover cerca de 100 millones de dólares anuales, de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).
El exagente de la DEA José Irizarry fue condenado en 2020 a más de 12 años de prisión por lavado de dinero, tras ser señalado como el principal responsable de un esquema de corrupción que implicó el desvío de fondos destinados a la lucha antidrogas. Según informó AP, aunque varios de sus colegas estuvieron implicados, Irizarry fue el único procesado penalmente; los demás enfrentaron sanciones administrativas internas.
El caso de Irizarry expuso fallas sistémicas en el manejo de recursos dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos, especialmente en el uso de herramientas financieras que, según el propio exagente, carecían de supervisión efectiva. Estas herramientas, diseñadas para combatir el narcotráfico, fueron utilizadas para desviar fondos hacia actividades ilícitas y lujos personales.
Entre los involucrados en este esquema se encontraba el colombiano Álex Marín, a la que Irizarry conoció en 2011, poco después de que el entonces director de la Policía Nacional lo señalara públicamente como un reconocido contrabandista.
De acuerdo con la declaración de Irizarry, Marín llevaba un estilo de vida extravagante financiado por un sicario conocido como “Iguana”. Este individuo, que afirmaba haber asesinado a 15 personas en nombre de Marín, cubría gastos que incluían entradas a eventos deportivos de alto nivel en España, cruceros por el Caribe en un yate decomisado a narcotraficantes y visitas a clubes de striptease en República Dominicana.
Estos excesos, según consignó AP, reflejan la profundidad de la corrupción que permeó operaciones antidrogas en la región.
La caída de Irizarry y su red de colaboradores marcó un punto crítico en la lucha contra el narcotráfico, al evidenciar cómo la corrupción puede infiltrarse en las instituciones encargadas de combatir este delito. Además, el caso ha generado controversia en Colombia, donde las acusaciones que vinculan a Marín con figuras políticas, como el presidente Gustavo Petro, han reavivado los debates sobre la relación entre narcotráfico y corrupción. Según AP, estos señalamientos evocan algunos de los episodios más oscuros en la historia de la lucha contra la cocaína en Colombia.
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