
Desde territorio chino, el presidente Gustavo Petro aseguró en la mañana del viernes 16 de mayo que fue él quien solicitó la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, decisión que se hizo pública un día antes.
Al momento de conocerse la información, cobraron fuerza varias hipótesis sobre los motivos de la salida de la funcionaria.
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Entre ellas, se mencionó la presunta intervención de otros miembros del Gobierno —como el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez— en el desarrollo de sus funciones.
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Esta situación ya habría generado incomodidad en la ministra, y se remonta al mes de abril, cuando el presidente solicitó la renuncia de todo su gabinete, un movimiento que Buitrago acató sin objeciones y que habría tenido como antecedente estas intromisiones.
Estos señalamientos fueron abordados por la ahora exministra en una entrevista concedida al programa Mañanas Blu, de la cadena radial Blu Radio.
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Durante la conversación con la mesa de trabajo, Buitrago fue clara al afirmar que su gestión se había desarrollado con normalidad hasta marzo, cuando Benedetti asumió como ministro del Interior.
Desde ese momento —señaló— comenzaron las presiones, propuestas, solicitudes y envíos de hojas de vida con el propósito de apartar a funcionarios en ejercicio y reemplazarlos por personas sugeridas por terceros con intereses administrativos o personales.
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““Yo trabajé de maravilla desde que me nombraron, pero a partir de marzo sí he recibido indicaciones, solicitudes y muchos cambios a los que me he opuesto, porque paralizan la función. No tiene sentido sacar personas para incorporar a otras que no tienen los perfiles correspondientes (...) Antes de esas fechas, nunca nadie me pidió cambiar a alguien ni me dijeron qué hacer o no hacer. Eso cambió cuando llegó Benedetti”, afirmó.
Además, indicó que está dispuesta a colaborar con las investigaciones que se adelanten, y que toda la información será entregada con claridad y sustento documental.
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“Tengo claro en qué fechas, durante qué horas del día, cuáles son los soportes, documentos y evidencias de cada una de las acciones que, en mi carta de renuncia, han sido claramente definidas”.

Una de las solicitudes que recibió Ángela María Buitrago durante su gestión fue el retiro del entonces director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Ludwig Valero. Según denunció, ya se le habían presentado hojas de vida con posibles reemplazos propuestos por quienes impulsaban su salida. Además, se le pidió la remoción del director de Política de Drogas.
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Frente a este pedido, Buitrago ratificó que, aunque no conocía personalmente al funcionario en cuestión, solicitó una indagación para verificar si existían procesos en su contra y poder sustentar legalmente una eventual salida. Sin embargo, explicó:
“La Contraloría certificó que no había fallas en su gestión. No había razones jurídicas ni técnicas para retirarlo. Cambiarlo habría generado un grave traumatismo institucional”, declaró la exministra a Blu Radio.
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Y añadió: “Ni siquiera lo conocía personalmente, pero me parecía injusto sacarlo solo por capricho. Yo misma compulsé copias a la Fiscalía para que investigaran y no hubo hallazgos”.

Afirma desconocer si el presidente Gustavo Petro está al tanto de la situación, pero sostuvo que, como parte de sus funciones, le corresponde poner en conocimiento del Gobierno nacional y de las autoridades cualquier hecho que interfiera con el debido proceso.
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“La posición del presidente es evitar la injusticia con las personas, y en esa posición, la injusticia es sacar a personas injustificadamente que están prestando un servicio y lo están haciendo bien”, concluyó Ángela María, refiriéndose a las intromisiones dentro de su administración.
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