El abogado Alait Freja, representante legal de Daysuris Vásquez, calificó como improcedente y carente de legitimidad la solicitud presentada por Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro Burgos, para que se revise la suspensión del principio de oportunidad que Vásquez firmó con la Fiscalía.
Según Freja, esta petición no tiene fundamento jurídico y constituye una acción que calificó como una “vergüenza”.
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El principio de oportunidad, que fue legalizado el 2 de febrero de 2024, permite a Vásquez colaborar con la justicia en el marco de las investigaciones contra Petro Burgos, que enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
“Con mucha vergüenza como profesional, este señor, sin legitimidad para hacerlo, lo hace. Además, tampoco tiene legitimidad procesal para ello, y dice que Nicolás es víctima, cuando todos sabemos que no lo es dentro de ese principio de oportunidad. Él es un coprocesado”, afirmó el abogado defensor de la exesposa del hijo del presidente Petro.
De acuerdo con Carranza, Vásquez habría incumplido las condiciones del acuerdo al incurrir en comportamientos que, según él, comprometen las bases materiales y objetivas que justificaron la concesión del beneficio.
Entre las presuntas irregularidades señaladas, el abogado mencionó ataques en redes sociales contra Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, a pesar de que existía un acuerdo jurídico para evitar tales menciones.
Además, Carranza argumentó que Vásquez habría incumplido compromisos relacionados con la colaboración, la contribución a la verdad y la no reiteración de conductas.
Freja, por su parte, desestimó estas acusaciones y cuestionó la legitimidad de Carranza para presentar la solicitud. Según el abogado, Nicolás Petro no puede ser considerado víctima en medio del desarrollo del principio de oportunidad, ya que es coprocesado en el caso.
Carranza también señaló que la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte y la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos habrían omitido ejercer control sobre el cumplimiento del acuerdo por parte de Vásquez.
Según el abogado, estas entidades no habrían supervisado adecuadamente aspectos relacionados con la posesión de bienes por parte de la exesposa de Petro Burgos, lo que, a su juicio, justifica la necesidad de revisar las presuntas vulneraciones al principio de oportunidad.
El principio de oportunidad firmado por Vásquez es un mecanismo jurídico que permite a los procesados colaborar con la justicia a cambio de beneficios legales, como la reducción de penas o la suspensión de procesos.
En este caso, Vásquez se comprometió a aportar información relevante en el marco de las investigaciones contra Petro Burgos, quien enfrenta serias acusaciones relacionadas con el manejo de recursos de origen presuntamente ilícito.
La controversia en torno a esta solicitud refleja las tensiones entre las partes involucradas en el caso, que ha captado la atención pública debido a las implicaciones legales y personales que rodean a los protagonistas.
Tribunal decidirá sobre el principio de oportunidad de Day Vásquez
La defensa de Nicolás Petro, hijo del presidente solicitó una audiencia urgente ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para revisar el principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez, exesposa de Petro.
Según informó el abogado Alejandro Carranza, quien representa a Nicolás Petro y a Laura Ojeda como víctimas en este caso, la petición busca evaluar la posible suspensión de dicho beneficio legal debido a presuntas irregularidades que comprometerían su cumplimiento.
De acuerdo con la solicitud presentada, Carranza argumenta que han surgido “hechos sobrevinientes y actuales” que afectan los principios de buena fe procesal, la dignidad de las víctimas y la confianza en la administración de justicia.
El principio de oportunidad en cuestión fue legalizado el 2 de febrero de 2024 por el Juzgado 15 Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, lo que permitió a Vásquez colaborar con la justicia en el marco de una investigación penal.
Entre las razones expuestas por la defensa de Nicolás Petro para solicitar la suspensión del beneficio, se señala que Vásquez habría incumplido las condiciones objetivas y materiales que justificaron su concesión.
Carranza detalla que estas irregularidades incluyen la “conservación y ostentación pública de bienes relevantes para la investigación penal”, así como la posesión de un inmueble en Tubará, lo que podría ser incompatible con los compromisos asumidos en el marco del principio de oportunidad.
Además, el abogado denuncia que Vásquez habría ejercido presión e intimidación simbólica hacia los procesados y las víctimas, utilizando redes sociales y medios de comunicación como herramientas para revictimizarlos. También se le acusa de no cumplir con los compromisos de colaboración, contribución a la verdad y no reiteración de conductas, elementos esenciales para mantener el beneficio legal otorgado.
El principio de oportunidad es una figura jurídica que permite a una persona procesada colaborar con la justicia a cambio de beneficios legales, como la suspensión de procesos penales en su contra. En este caso, la defensa de Nicolás Petro argumenta que las acciones de Vásquez vulneran los fundamentos de este acuerdo, lo que justificaría su revisión y posible suspensión.
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