El 22 de abril, los ministros Antonio Sanguino (Trabajo) y Armando Benedetti (Interior) presentaron las 12 preguntas de la consulta popular para revivir varios puntos del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro que rechazó en dos oportunidades el Congreso de la República por considerar, entre otras cosas, que no genera empleo, sino que destruye el formal.
Y es que, según un estudio del Banco de la República, desaparecerían 450.000 empleos formales, teniendo en cuenta los sobrecostos laborales que traería la iniciativa, si se aprueba tal y como está, por la modificación de la jornada laboral, así como el pago del recargo al 100% para quienes trabajen dominicales y festivos, así como hacerle contrato a los aprendices del Sena.
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Entre las preguntas, precisamente, se encuentra si ¿está de acuerdo con que el trabajo del día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.? También, si ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

Paralelo a esto, el Partido Liberal radicó en la Secretaría General de la Comisión Séptima del Senado el informe de ponencia positiva de del proyecto de ley “por medio de la cual se aumenta la jornada nocturna, la remuneración del trabajo dominical y festivo y se dictan otras disposiciones”, acumulado con el proyecto de ley, “por medio del cual se establecen medidas para la dignificación del trabajo, se modifican los recargos y la jornada laboral nocturna, se establecen medidas para la creación y modificación del empleo y se dictan otras disposiciones”.
Con la iniciativa, se busca que la jornada laboral nocturna inicie a las 8:00 p. m., y no a las 9:00 p. m., como pasa actualmente, así como se pague el recargo del 100% a quienes trabajan domingos y festivos.
Con mensaje de urgencia
Sobre esto, el ministro Armando Benedetti informó que, pese a este proyecto, la consulta popular se llevará a cabo y que la mini reforma irá con mensaje de urgencia al Congreso de la República, lo que podría entenderse que el Gobierno Petro avala la iniciativa.
“La consulta va SÍ o SÍ”, escribió en X. De igual manera, afirmó que “es el Partido Liberal el que decidirá en el Senado si el pueblo tiene la voz para defender sus derechos laborales”. Además, que “mandaremos mensaje de urgencia para que el Partido Liberal se defina”.
Inseguridad en el Gobierno
Dicho mensaje fue recibido con muchas dudas por el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo. Por medio de un video en redes sociales, el exfuncionario aseguró que el hecho de que el Gobierno pida un trámite de urgencia para la reforma laboral presentada por el Partido Liberal demuestra que no está nada seguro con la consulta, porque, de dos cosas una, “o considera urgente el trámite de una mini reforma laboral en el Congreso o considera urgente una consulta popular costosísima que va a ocupar las energías del país en los meses venideros”.

“El Gobierno se ha dado cuenta de que la consulta le es útil para agitar, para promover el desorden y para promover convocatorias de calle, pero a la hora de la verdad se va a desmontar adhiriendo a una reforma tramitada por el Congreso”, dijo.
De igual manera, señaló que, mientras tanto, “se está acusando a los parlamentarios casi de prevaricato, si no le aprueban la consulta que debe aprobar el Senado”.
Para él, es curioso que, por un lado, se convoque la consulta, pero por otro, se prepare la pista de aterrizaje en una ley aprobada por el Congreso y al mismo tiempo insultando a los congresistas.
Preguntas de la consulta popular carecen de sustento técnico
Anteriormente, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, advirtió que, a falta de que las presenten formalmente, las preguntas de la consulta popular carecen del sustento técnico que requiere una reforma laboral, ya que se presentaron sin las complejidades e implicaciones para todos los colombianos.
Al respecto, precisó tres puntos que le parecen relevantes e importantes:
- Riesgo institucional: la vía de la consulta podría vulnerar el principio democrático, al no garantizar una participación deliberativa adecuada, como sí lo permiten los debates en el Congreso, escenario natural para este tipo de reformas.
- Impacto económico: las propuestas implican la no viabilidad de las empresas, al establecer mayores costos y poner en riesgo la pérdida de empleo de muchos colombianos.
- Incoherencia fiscal: el alto costo estimado de esta consulta no es coherente con la actual situación fiscal del país, en un momento en que el Gobierno enfrenta deudas pendientes con el sistema de salud, energía y otras prioridades sociales urgentes, las cuales deben primar antes de la consulta.
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