El Consejo de Estado programó para el miércoles 14 de mayo, a las 10:00 de la mañana y de manera virtual, una audiencia clave en la que se evaluará la solicitud de pérdida de investidura contra 28 congresistas.
Según informó el alto tribunal, los parlamentarios enfrentan acusaciones por presuntamente haber violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la legislación colombiana.
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Este proceso, que podría derivar en la destitución de los implicados, será presidido por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
La demanda contra los congresistas se encuentra en una etapa inicial. Durante este proceso, varios de los acusados presentaron excepciones previas, argumentando que no se configuraban los elementos objetivos de la causal y que las pruebas presentadas eran insuficientes.
Sin embargo, el demandante rechazó estas objeciones el pasado 27 de marzo, reafirmando sus argumentos y absteniéndose de solicitar nuevas pruebas.
El despacho del magistrado Álvarez Parra ha señalado que los aspectos de fondo de las acusaciones serán analizados en la sentencia definitiva, no en esta fase procesal.
Entre los congresistas involucrados se encuentran figuras destacadas, como María José Pizarro, Clara López Obregón, Isabel Cristina Zuleta y Alirio Uribe Muñoz, todos ellos pertenecientes al Pacto Histórico, la coalición política del presidente Gustavo Petro.
Además, la lista incluye a otros parlamentarios de diversos sectores políticos, como Gloria Inés Flórez Schneider (Colombia Humana), Gabriel Becerra Yañez (Unión Patriótica) y María Fernanda Carrascal Rojas (Colombia Humana), entre otros.
La pérdida de investidura, conocida como la “muerte política”, implica la destitución inmediata del cargo y la imposibilidad de volver a aspirar a cuerpos colegiados de elección popular. Este mecanismo está contemplado en la Constitución colombiana y se aplica cuando los congresistas incurren en causales específicas, como la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
El siguiente es el listado completo de los congresistas contra los cuales se admitió la solicitud de pérdida de investidura:
- Yuly Esmeralda Hernández Silva (Colombia Humana).
- Jael Quiroga Carrillo (Unión Patriótica).
- Sandra Yaneth Jaimes Cruz (Polo Democrático Alternativo).
- Alex Flórez Hernández (Colombia Humana).
- Pedro Flórez Porras (Polo Democrático Alternativo).
- Heráclito Landinez Suárez (Movimiento Alternativo Indígena Social - Mais).
- Gloria Elena Arizabaleta Corral (La Fuerza de la Paz).
- David Alejandro Toro Ramírez (Pacto Histórico).
- Pedro José Suárez Vacca (Colombia Humana).
- Susana Gómez Castaño (Colombia Humana).
- Dorina Hernández Palomino (Soy Porque Somos).
- Norman David Bañol Álvarez (Movimiento Alternativo Indígena Social - Mais).
- Luis Alberto Albán Urbano (Comunes).
- Carmen Felisa Ramírez Boscán (Colombia Humana).
- Gabriel Ernesto Parrado Durán (Polo Democrático Alternativo).
- Leyla Marleny Rincón Trujillo (Polo Democrático Alternativo).
- Jorge Alejandro Ocampo Giraldo (Polo Democrático Alternativo).
- Jorge Andrés Cancimance López (Colombia Humana).
- Jorge Hernán Bastidas Rosero (Colombia Humana).
- Gildardo Silva Molina (Unión Patriótica).
- Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo (Polo Democrático Alternativo).
El Consejo de Estado enfatizó que esta audiencia no será definitiva, ya que en esta etapa no se tomará una decisión sobre la pérdida de investidura.
No obstante, el proceso avanza con la expectativa de que los argumentos presentados por ambas partes sean evaluados en profundidad en las próximas fases.
Así mismo, el Consejo de Estado estableció que los 28 congresistas implicados en el reciente proceso de pérdida de investidura tendrán un plazo de cinco días hábiles, tras ser notificados, para responder por escrito a la solicitud presentada en su contra.
Durante este periodo, los legisladores podrán aportar las pruebas que consideren necesarias para sustentar su defensa. Una vez concluido este plazo, el expediente será remitido al despacho correspondiente para continuar con el trámite.
Este procedimiento se desarrolla en un contexto político marcado por tensiones, en gran parte debido a la consulta popular promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Diversos sectores políticos señalaron esta iniciativa como una estrategia que podría servir de plataforma para la campaña presidencial de 2026. En este ambiente polarizado, el proceso contra los congresistas fue interpretado por algunos como un movimiento con tintes preelectorales, cuyo objetivo sería debilitar a ciertos sectores políticos en el país.
Los congresistas involucrados deberán comparecer en la fecha estipulada, llevando consigo las pruebas necesarias para justificar sus acciones y evitar la pérdida de sus curules en el legislativo. Este escenario generó un debate sobre las posibles implicaciones políticas de estas acciones, en un momento en el que el panorama político colombiano se encuentra especialmente dividido.
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