La Corte Constitucional decretó la suspensión provisional de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales durante su campaña presidencial de 2022.
La decisión fue adoptada mediante el Auto 554 de 2025, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, y se mantendrá vigente mientras se estudia una tutela interpuesta por el jefe de Estado, en la que reclama que se le estaría investigando por una autoridad que no tiene competencia para juzgarlo.
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La Sala Plena de la Corte tomó la medida con una ajustada votación de 5 a 4, tras revisar los efectos del fallo emitido el 6 de agosto de 2024 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Dicha providencia había resuelto un conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, ratificando la competencia del primero para adelantar la investigación.
“De conformidad con el artículo 7 del Decreto Ley 2591 de 1991, decretar la suspensión provisional de los efectos de la decisión proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2024 (…) únicamente en lo referente al Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego”, precisa el fallo del alto tribunal, en una decisión respaldada por los magistrados Juan Carlos Cortés, Cristina Pardo, Miguel Polo Rosero, Vladimir Fernández y Diana Fajardo.
La determinación de la Corte Constitucional no fue unánime, pues contó con sañvamentos de voto de las magistradas Natalia Ángel Cabo y Paola Andrea Meneses Mosquera, así como de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y José Fernando Reyes Cuartas, que expresaron su desacuerdo con la suspensión provisional decretada.
La tutela de Petro y el argumento del fuero presidencial
La defensa del presidente Petro se basa en que, por su condición de jefe de Estado, solo puede ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, en virtud del fuero especial que le confiere la Constitución. El mandatario ha insistido en que cualquier otro procedimiento representa una violación de su derecho al debido proceso, ya que se le estaría juzgando por un órgano no competente.
“La única organización competente para investigarme es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente.
Sin embargo, el Consejo de Estado ha sostenido una postura diferente. Según el alto tribunal, el CNE sí tiene competencia para adelantar investigaciones administrativas sobre campañas presidenciales, aunque aclara que cualquier sanción o consecuencia penal o disciplinaria solo podría ser impuesta por la Comisión de Investigación y Acusaciones.
La ponencia, en manos de un exfuncionario de Petro
Un detalle que ha generado atención en la opinión pública es que el magistrado Vladimir Fernández, ponente del caso, se desempeñó como secretario Jurídico de la Presidencia durante el actual gobierno. Aunque esto no implica necesariamente un impedimento, su vinculación previa con la Casa de Nariño ha sido objeto de críticas por parte de sectores políticos que piden garantías de imparcialidad.
La decisión provisional de la Corte no implica que la investigación contra Petro haya sido archivada, sino que queda congelada hasta que se tome una decisión de fondo sobre la tutela. Esto podría tardar varias semanas o incluso meses, dependiendo del ritmo con el que avance el estudio del caso en la Corte.
Mientras tanto, el debate jurídico y político sobre el alcance del fuero presidencial y la competencia de los entes de control en Colombia continúa abierto.
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