
Una reunión entre el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, estuvo marcada por un ambiente de tensión debido a las excavaciones realizadas en la Escuela de Logística del Ejército, a pesar de la existencia de medidas cautelares que prohibían este tipo de actividades. Según informó Blu Radio, el encuentro, que inicialmente no tenía como propósito abordar este tema, derivó en un intercambio de posturas sobre los hechos ocurridos el 3 de febrero en el Batallón de Contrainteligencia.
El ministro Sánchez expresó su inconformidad por la filtración de información a los medios de comunicación sobre el hallazgo de un fragmento de una costilla humana en los terrenos de la Escuela de Logística. De acuerdo con el medio citado, el ministro señaló que ni las Fuerzas Armadas ni el Ministerio de Defensa habían recibido notificación oficial por parte de Medicina Legal o de la JEP sobre este descubrimiento. Posteriormente, el Ministerio de Defensa envió un oficio formal al presidente de la JEP solicitando que se verificara la veracidad de las informaciones difundidas por los medios y que se revisaran los protocolos para el manejo de datos sensibles.
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El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, respondió que, aunque las filtraciones de información son un tema relevante, el foco principal debía estar en la gravedad de las excavaciones realizadas por militares en un área protegida por medidas cautelares. Estas medidas habían sido impuestas para preservar posibles evidencias relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado. Ramelli subrayó que las actividades realizadas en el Batallón de Contrainteligencia constituían una violación directa de dichas medidas.
El magistrado Pedro Elías Díaz, el magistrado auxiliar Hugo Escobar y el secretario ejecutivo Harvey Suárez también estuvieron presentes en la reunión, lo que refleja la importancia institucional del encuentro. Durante la discusión, el ministro Sánchez reiteró la disposición del Ministerio de Defensa para colaborar con las investigaciones, pero insistió en que hasta el momento no se había recibido ninguna notificación oficial que confirmara el hallazgo de restos humanos en el lugar.

En el oficio enviado por el Ministerio de Defensa a la JEP, se solicitó que se revisaran los protocolos de manejo de información para evitar futuras filtraciones. Además, se pidió que cualquier hallazgo relacionado con las investigaciones en curso fuera comunicado a través de los canales oficiales correspondientes. El documento también instó a la JEP a confirmar si las informaciones difundidas por los medios habían sido corroboradas por fuentes oficiales, como Medicina Legal.
El ministro Sánchez, en declaraciones recogidas por Blu Radio, afirmó: “Tenemos toda la disposición para que se adelante lo que corresponda, en este momento no hemos recibido ninguna notificación oficial de parte de la JEP o de alguna autoridad competente de que hayan encontrado algo”. Estas palabras reflejan la postura del Ministerio de Defensa frente a las acusaciones y la controversia generada por las excavaciones.
Investigan posibles enterramientos clandestinos en bases militares de Colombia

En paralelo, existen indicios de que en otras unidades militares del país podrían hallarse restos humanos relacionados con desapariciones ocurridas en las décadas de 1980 y 1990, un periodo marcado por el conflicto interno y la violencia política. Los restos encontrados en la Escuela de Logística podrían estar vinculados a desapariciones forzadas de personas asociadas con movimientos sindicales, activismo político o presuntos integrantes de grupos armados ilegales.
El caso del Batallón de Contrainteligencia Charry Solano, también en Bogotá, ha sido uno de los más mediáticos en este contexto. Este lugar fue señalado como un posible sitio de enterramientos clandestinos, y las investigaciones allí han generado gran interés público. Sin embargo, las nuevas revelaciones apuntan a que estas prácticas podrían haberse extendido a otras instalaciones militares, lo que amplía significativamente el alcance de las investigaciones judiciales.
La JEP, creada como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc, tiene como objetivo principal esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado y garantizar justicia para las víctimas. En este contexto, los hallazgos recientes podrían convertirse en piezas clave para avanzar en la búsqueda de verdad y reparación.
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