En al menos diez departamentos del país, incluyendo Cundinamarca, Sucre, Chocó, Santander, Magdalena y Caldas, millones de colombianos se habrían visto afectados durante los últimos días por una interrupción inesperada en los servicios de internet. La causa, según varios proveedores de conectividad consultados, estaría relacionada con una decisión operativa tomada por la empresa Andean Telecom Partners (ATP), uno de los principales operadores privados de infraestructura pasiva de telecomunicaciones en la región andina.
Fuentes del sector señalan que ATP habría ordenado la suspensión del suministro eléctrico en múltiples sitios estratégicos empleados por el Plan Nacional de Fibra Óptica (PNFO), lo que habría generado la caída de los servicios de telecomunicaciones en al menos 65 municipios.
Las afectaciones van mucho más allá de la desconexión doméstica. Hospitales, escuelas, notarias, bancos y oficinas gubernamentales que dependen de conexiones digitales habrían reportado alteraciones graves en sus operaciones. Algunas regiones habrían visto afectado el registro de nacimientos, las autorizaciones médicas y la atención remota en salud, además de interrupciones en la educación virtual y en operaciones financieras básicas.
Fuentes cercanas al proyecto nacional sostienen que la medida fue ejecutada de forma unilateral por ATP, en el contexto de un conflicto contractual con operadores vinculados al programa estatal de conectividad.
En un primer comunicado, emitido el 4 de abril, el proveedor de infraestructura confirmó la suspensión parcial del uso de su red en distintas regiones del país, citando una “cartera vencida grave y material” tras varios meses de incumplimientos en los pagos por parte de las compañías responsables de la prestación final del servicio, incluidos los costos asociados al consumo de energía.
Días después, la empresa amplió su postura señalando que, pese a haber ofrecido alternativas de pago y mantener disposición al diálogo, no está en condiciones de continuar asumiendo obligaciones contractuales que corresponden a las compañías arrendatarias de sus servicios.
En abril de 2024, un hecho similar habría afectado a más de 500 mil hogares colombianos durante más de 48 horas, también como consecuencia de una supuesta suspensión en sitios administrados por la misma empresa. En aquella ocasión, organizaciones sociales y proveedores alertaron sobre el uso de “estrategias de presión” que terminaban afectando a los usuarios finales.
Expertos en derecho de las telecomunicaciones consultados por este medio advierten que, en Colombia, la suspensión del servicio eléctrico solo puede ser ejecutada por las empresas legalmente constituidas para proveer energía, de acuerdo con las disposiciones vigentes. “Una empresa de infraestructura pasiva, como es el caso de ATP, no tendría competencia para cortar energía de manera unilateral, incluso en caso de controversia contractual. Para ello existen mecanismos legales de resolución de conflictos”, explica la abogada Carolina Reyes, especialista en derecho público y servicios TIC.
Además, la Ley 2108 de 2021, vigente desde julio de ese año, declara el acceso a internet como un servicio público esencial y universal. Esto significa que las acciones que comprometan su continuidad pueden considerarse una afectación directa a derechos fundamentales, en particular en zonas donde no hay alternativas disponibles.
Diversos actores del sector TIC, así como autoridades locales, han hecho llamados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que se investigue a fondo lo sucedido.
Consultada por este medio, ATP sostuvo que “ha actuado en el marco de la ley y los contratos vigentes. La suspensión parcial del uso de la infraestructura se fundamenta en derechos contractuales plenamente establecidos y fue notificada oportunamente a las autoridades competentes”, afirmó un vocero de la compañía.
ATP forma parte del fondo digital DigitalBridge, y opera en varios países de América Latina como un proveedor mayorista de infraestructura digital. Su negocio se basa en arrendar torres, sitios de transmisión y redes de fibra a empresas operadoras. Es decir, no presta servicios al usuario final, pero facilita la infraestructura para quienes sí lo hacen.
“La compañía reitera su disposición a encontrar soluciones conjuntas y sostenibles, siempre en el marco de la legalidad y la responsabilidad compartida que exige el ecosistema de conectividad en el país”, concluyó el vocero de ATP.
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