
Martha Peralta Epieyú, senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y presidenta de la Comisión Séptima del Senado, enfrenta una investigación preliminar por parte de la Corte Suprema de Justicia tras ser señalada de participar en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta es la primera indagación formal contra una congresista de la coalición de Gobierno en medio de este entramado.
La investigación surge a raíz de declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd y actual testigo clave en el caso, ya que él afirmó que la senadora Martha Peralta habría intervenido para favorecer la adjudicación de un contrato valorado en más de 2.210 millones de pesos a dos personas cercanas a ella. Dicho contrato estaba destinado a la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas para la recuperación del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira.
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De acuerdo con la fiscal de apoyo ante la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz, el 19 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la entidad del Estado, la senadora se habría reunido con Olmedo López y los contratistas Isaac Francisco Riscala y Jorge Riscala, propietarios de la empresa Inversiones IRL S.A.S., que sería la beneficiaria del convenio. En dicho encuentro, según la fiscal, se habría pactado el direccionamiento del contrato para el mantenimiento de jagüeyes en la región.

Posteriormente, el 25 de octubre de 2023, se adjudicó el contrato a la empresa IRL, en aparente cumplimiento de lo acordado en la reunión mencionada. La fiscal señaló que dicho contrato sigue vigente, lo que refuerza la necesidad de esclarecer las condiciones en las que se firmó y ejecutó el mismo.
Ante las acusaciones, Martha Peralta negó cualquier participación en actos irregulares y calificó las imputaciones en su contra como una “persecución atroz” derivada de su apoyo a las reformas sociales impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Perfil de Martha Peralta Epieyú: una de las congresistas de Gobierno más criticadas
Martha Peralta Epieyú nació en Riohacha en 1988 y es abogada de la Universidad Externado de Colombia. Además, cuenta con una especialización en Derecho Ambiental y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Su trayectoria política se ha caracterizado por su fuerte vínculo con las comunidades indígenas, particularmente con el pueblo wayúu.

En 2017, Peralta se consolidó como una de las figuras políticas indígenas más relevantes en su región al ser elegida presidenta del Mais, un movimiento que representa los intereses de las comunidades indígenas y sectores sociales alternativos en Colombia. Desde entonces, ha mantenido su liderazgo dentro del partido, desempeñando un papel fundamental en la articulación de estrategias políticas en favor de estos sectores.
Para las elecciones legislativas de 2022, Peralta se convirtió en una figura clave para el Pacto Histórico en La Guajira y logró ocupar la sexta casilla en la lista al Senado por dicha coalición, obteniendo así la primera curul para el pueblo wayuu en el Congreso de la República.
Como senadora, Martha Peralta ha tenido un papel destacado en varias iniciativas legislativas. En julio de 2023 fue elegida por unanimidad como presidenta de la Comisión Séptima del Senado, la cual tiene a su cargo temas de seguridad social, salud, trabajo y asuntos relacionados con la seguridad social integral en Colombia.

Uno de sus principales roles en el Congreso fue su participación como coordinadora ponente de la reforma pensional presentada por la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez. Su liderazgo en esta reforma fue fundamental en las discusiones dentro de la Comisión Séptima y en los debates legislativos. Asimismo, se espera que desempeñe un papel clave en la discusión de la reforma de la salud, una de las apuestas más importantes del actual Gobierno de Gustavo Petro.
Otros escándalos y su aspiración presidencial
En abril de 2024, el nombre de Martha Peralta volvió a estar en el centro de la controversia al verse implicada en un presunto caso de desvío de fondos destinados a ollas comunitarias en La Guajira. Aunque la senadora negó las acusaciones, argumentando que se trataba de una estrategia de sus adversarios políticos para desprestigiarla, el caso generó dudas sobre la gestión de recursos en proyectos sociales bajo su influencia.
A comienzos de 2025, la senadora recibió numerosas críticas en redes sociales luego de publicar en Instagram fotografías de su viaje a París junto a su pareja durante las celebraciones de Fin de Año. Muchos usuarios cuestionaron el lujo de su estadía en el país europeo, argumentando que su estilo de vida no era coherente con su discurso y que, en lugar de gastar dinero en el viaje, debería haber destinado esos recursos a apoyar a su comunidad.

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