La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tomó medidas contundentes frente a dos casos de afectación ambiental en los municipios de Fúquene y Nariño, en el departamento de Cundinamarca. En el primer caso, se detectó la construcción y operación de un pozo profundo sin los permisos ambientales necesarios, mientras que en el segundo se denunció la tala indiscriminada de más de 300 árboles en un área protegida.
De acuerdo con lo indicado por la entidad departamental, ambas situaciones generaron preocupación en las comunidades locales y llevaron a que la autoridad ambiental iniciará proceso sancionatorios a los responsables de las afectaciones al territorio cundinamarqués.
Pozo profundo sin permisos en Fúquene
De acuerdo con la CAR, en un predio conocido como El Santuario, ubicado en la vereda Tarabita del municipio de Fúquene, se descubrió un pozo profundo que estaba siendo utilizado para captar agua destinada al riego de un cultivo de cebolla de aproximadamente 51.500 metros cuadrados (12,7 acres).
Este predio, según detalló la entidad, se encuentra dentro del Distrito de Manejo Regional Integrado de Fúquene, Cucunubá y Palacio (Drmi), clasificado como una zona de uso sostenible bajo el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica del Río Suárez (Pomca Río Suárez) y protegido por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).
El informe técnico publicado por la CAR, detalló que el agua extraída del pozo era transportada mediante un sistema de bombeo sumergible con un diámetro de succión de 5 centímetros (2 pulgadas) y una manguera de descarga de 7,6 centímetros (3 pulgadas).
Este elemento se almacenaba en un reservorio con capacidad para 510 metros cúbicos (18.000 pies cúbicos), cuyas dimensiones eran de 7 metros de ancho, 27 metros de largo y 3 metros de profundidad (23 x 88,5 x 9,8 pies). Posteriormente, el agua era distribuida al cultivo a través de un sistema de riego por aspersión.
El director regional de la CAR en Ubaté, Bryan Martínez, enfatizó la importancia de cumplir con los permisos ambientales para cualquier actividad agrícola. “Toda actividad agrícola se debe desarrollar en cumplimiento con los permisos ambientales correspondientes. Por ello, hago un llamado a la comunidad para que gestionen el proceso de concesión de aguas y demás trámites necesarios, con el fin de asegurar la protección del ecosistema y promover una práctica agrícola responsable y consciente con el medio ambiente”.
Durante la inspección, miembros de la comunidad expresaron su preocupación por el impacto ambiental que podría generar el uso del pozo profundo. La CAR reiteró su compromiso con la protección de los recursos naturales e instó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad ambiental a través de sus canales de atención, tanto virtuales como presenciales.
Tala indiscriminada en Nariño
En otro caso que también involucra graves afectaciones ambientales, la CAR atendió una denuncia de la comunidad de la vereda Busca Vidas, en el municipio de Nariño, donde se reportó la tala de aproximadamente 304 árboles en un lote que habría sido arrendado a un particular. Según la autoridad ambiental, el responsable realizó esta actividad sin contar con los permisos de aprovechamiento forestal, con el objetivo de limpiar el terreno para un futuro cultivo.
La intervención de los profesionales de la Dirección Regional Alto Magdalena permitió detener la tala y constatar el daño ocasionado en un área de 7.197 metros cuadrados (1,78 acres). Entre las especies afectadas se encontraban árboles como pela, diomate, guácimo negro y neem. Además, se identificó que algunos árboles habían sido anillados, una práctica que también afecta gravemente la flora local.
La visita técnica reveló que la tala impactó ecosistemas estratégicos y áreas protegidas declaradas por la CAR, incluyendo un nacimiento natural intermitente sencillo que se encuentra a 17,3 metros (56,7 pies) del área afectada y a poco más de 4 metros (13,1 pies) de la quebrada Busca Vidas. Las acciones no solo dañaron la flora, también comprometieron los recursos hídricos de la zona.
La directora regional Alto Magdalena, Camila Velásquez, confirmó que se inició un proceso sancionatorio contra el responsable, quien admitió no contar con los permisos requeridos. “Se inició el respectivo proceso sancionatorio, puesto que la persona no contaba con los respectivos permisos dados por la Corporación”, señaló Velásquez.
Además de las sanciones económicas, el implicado podría estar obligado a compensar y restaurar el daño causado. El caso también fue remitido a la autoridad judicial competente para que tome las medidas correspondientes.
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