
No cesan los problemas para más de 30 congresistas que, según declaraciones del exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, estarían involucrados en presuntas prácticas de corrupción y tráfico de influencias relacionadas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y otras entidades estratégicas del Gobierno.
El caso, que ha sido denominado como el de “Papá Pitufo”, vincula a parlamentarios con la manipulación de nombramientos en cargos clave y el desvío de recursos públicos.
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De hecho, Reyes presentó su testimonio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 19 de febrero de 2025, en una declaración que se extendió por una hora y 40 minutos.
En dicha entrevista que fue revelada por El Espectador, el exministro describió cómo algunos congresistas habrían utilizado su influencia para presionar al Gobierno con el objetivo de obtener nombramientos estratégicos en la Dian y otras entidades, como la aduana de Cúcuta y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur).
Reyes señaló directamente al senador Jairo Alberto Castellanos Serrano, al ques acusó de liderar estas prácticas.

El caso comenzó a tomar forma en diciembre de 2024, cuando una denuncia anónima llegó al correo institucional del entonces presidente de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez.
La denuncia vinculaba al senador Castellanos, representante de Norte de Santander, con presuntos actos de corrupción relacionados con el manejo de la aduana de Cúcuta, una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.
Según Reyes, Castellanos habría presionado desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro para que se designara a un miembro de su grupo político en la dirección de esta aduana.
Reyes afirmó que la presión comenzó en 2022, cuando la funcionaria del Ministerio de Hacienda Andrea Ramírez transmitió al Gobierno el mensaje de Castellanos: si no se cumplía con su solicitud, el senador buscaría bloquear la reforma tributaria impulsada por el entonces ministro José Antonio Ocampo.

A pesar de las advertencias, Reyes aseguró que no cedió a las demandas, siguiendo las instrucciones del presidente Petro de no utilizar los cargos de la Dian como moneda de cambio político.
En 2023, las presiones continuaron. Según Reyes, Castellanos amenazó con reducir el presupuesto de la Dian si no se cumplían sus exigencias. “Le insistió en que teníamos que nombrar a esa persona en la aduana de Cúcuta o, de lo contrario, nos iban a castigar. Y el castigo iba a ser modificar el presupuesto de la adición de la Dian para quitarle recursos”, dijo el exfuncionario a la Corte.
En junio de ese año, el Congreso aprobó una reducción de 200.000 millones de pesos al presupuesto de la entidad, trasladando esos recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), una entidad que, según la Fiscalía, habría sido utilizada para comprar el apoyo de parlamentarios.
El exministro también relató que Castellanos promovió una moción de censura en su contra a finales de 2024, argumentando una supuesta mala gestión en la Dian.
Según Reyes, el senador insinuó que la moción podría detenerse si se nombraba a su recomendada, Carmen Liliana Maldonado Cárdenas, en un cargo dentro de Fontur.
Reyes rechazó la solicitud, argumentando que Fontur, al ser un patrimonio autónomo, tiene un sistema de contratación discrecional que podría prestarse a irregularidades.

Reyes aseguró que Castellanos insistió en varias ocasiones, incluso enviando mensajes por chat para promover a Maldonado. A pesar de las presiones, el exministro afirmó que no accedió a las demandas y que documentó cada solicitud en un registro que entregó a la justicia.
“No he nombrado a ninguna de las personas que él ha recomendado, pero sí ha habido una presión muy fuerte en dos ocasiones al respecto”, comentó Reyes al alto tribunal, según la información revelada por El Espectador.
El testimonio de Reyes también reveló presuntas conexiones entre algunos congresistas y el contrabando. Según el exministro, Castellanos tenía un conocimiento profundo del tema debido a que su hermano, el mayor retirado Miguel Castellanos, fue comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena. Reyes consideró que esta relación, sumada a las insistencias del senador para controlar la aduana de Cúcuta, era un indicio preocupante.
Además, Reyes mencionó al embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, señalando que uno de sus recomendados para la Dian estaba vinculado al presunto zar del contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo.
Según el exfuncionario, el exministro de Defensa Iván Velásquez le advirtió sobre esta conexión. Barreras, por su parte, ha negado las acusaciones y presentó una denuncia contra Reyes.
Pero el caso no se limita a Castellanos y Barreras. Reyes también señaló a otros congresistas, como Olga Velásquez, que habría recomendado a John Freddy Restrepo para un cargo en la Dian. Según el exministro, esta sugerencia también fue respaldada por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y por César Valencia, supuesto enlace de Diego Marín.
En su declaración, Reyes destacó que las presiones por nombramientos no eran un caso aislado, sino una práctica común en el Congreso, especialmente entre los miembros de las comisiones económicas.
“Muchísimos parlamentarios, especialmente de las comisiones económicas, resienten el hecho de que no se les hicieron esos nombramientos especiales y, además, que en la ampliación de la planta de la Dian que hicimos, que es de 10.000 cargos, ellos esperaban que se hicieran nombramientos de funcionarios provisionales recomendados por ellos a manera de clientelismo político”, comentó Reyes a la Corte.
Entretanto, el abogado de Castellanos, Mauricio Marín, negó las acusaciones y aseguró que las gestiones del senador se limitaron a interceder por un traslado dentro de la Dian para Ricardo Sierra Gómez, un conocido suyo.
Sobre Fontur, Marín afirmó a El Espectador que fue Reyes el que ofreció cargos al senador, y no al revés. Castellanos, según su abogado, está dispuesto a declarar ante la Corte para esclarecer los hechos.
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