Desde el Senado de la República denunciaron abusos en el sistema de fotomultas en las carreteras de Colombia

El senador Antonio Correa alzó la voz contra el sistema de fotomultas en Colombia, calificándolo como un mecanismo que, lejos de garantizar la seguridad vial, se ha convertido en un “negociado disfrazado”.

Según indicó el mismo el congresista, durante el reciente puente festivo, cientos de conductores fueron sancionados en diversas carreteras del país, lo que ha generado un creciente malestar entre los ciudadanos. Correa señaló que este sistema presenta graves irregularidades, como la falta de señalización adecuada y límites de velocidad poco razonables, lo que, en su opinión, evidencia un afán recaudatorio por parte de las autoridades y las empresas involucradas.

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De acuerdo con el senador, uno de los tramos más problemáticos se encuentra en el recorrido entre Cruz del Viso y San Onofre, en Sucre, donde en apenas 57 kilómetros se han instalado seis cámaras de fotomultas.

Correa denunció que estas cámaras operan en condiciones que calificó de “absurdas”, mencionando la escasa iluminación, la falta de señalización adecuada y límites de velocidad que en algunos puntos no superan los 30 kilómetros por hora. “Esto no es seguridad vial, es un atropello”, afirmó el senador, quien aseguró haber recibido numerosas quejas de conductores afectados.

Además, el senador Correa fue enfático en señalar que el sistema de fotomultas no cumple con su propósito de prevenir accidentes de tránsito, sino que parece estar diseñado exclusivamente para recaudar dinero. Según el congresista, las quejas de los ciudadanos apuntan a que las multas se imponen sin identificar al conductor responsable y que las notificaciones presentan irregularidades.

“Los colombianos están hartos de este sistema”, expresó Correa, quien además cuestionó la transparencia de las empresas encargadas de operar las cámaras.

El senador también hizo un llamado a las autoridades competentes, como la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que investiguen las irregularidades en la implementación de las fotomultas, especialmente en la región de la costa Caribe. Correa instó a estas entidades a salir de Bogotá y verificar personalmente las condiciones en las que operan las cámaras en las carreteras.

Según explicó, algunas de estas cámaras han sido instaladas sin los permisos necesarios ni justificación técnica, lo que pone en duda la legalidad de las sanciones impuestas.

De hecho, en un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, el senador Correa pidió una intervención inmediata para regular lo que calificó como un abuso contra los ciudadanos. “Señor presidente, necesitamos que regule este atropello, al menos en este tramo de carretera donde las irregularidades son evidentes”, declaró.

Correa recalcó que no se opone a las medidas de seguridad vial, pero enfatizó que estas deben implementarse de manera justa y transparente, sin perjudicar a los conductores de forma arbitraria.

El congresista también destacó la necesidad de una reforma profunda del sistema de fotomultas en el país, señalando que este modelo solo beneficia a unas pocas empresas privadas en detrimento de los ciudadanos. “Los colombianos merecen transparencia y justicia”.

En Bogotá habría más de 100 cámaras de fotomultas ilegales

Frente a ello, es importante añadir que de acuerdo con registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 98 cámaras de fotodetección en Bogotá no contarían con los permisos requeridos para su funcionamiento y continuarían operando sin respaldo legal. A esta situación se suma que otras 31 perderían su aval el 30 de marzo, lo que pone en tela de juicio la legitimidad de las sanciones emitidas en esos puntos y genera preocupación entre los ciudadanos afectados por comparendos potencialmente inválidos.

Además, el abogado y asesor jurídico Cristian Jiménez, explicó en una entrevista con CityTV que la Agencia Nacional de Seguridad Vial autorizó 162 cámaras de fotodetección en Bogotá hasta la fecha. Sin embargo, enfatizó que desde el 20 de enero, 98 de estos dispositivos operan sin autorización y, además, otras 31 perderán su vigencia en los próximos días.