
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) designó a los tres árbitros que resolverán la solicitud de Colombia para anular el fallo que la obliga a indemnizar a Telefónica con 357 millones de euros.
Este litigio se originó por reclamaciones de la compañía española respecto a la afectación de sus inversiones en el país. En una decisión previa, la corte de arbitraje falló en su favor, lo que llevó al Estado colombiano a presentar una solicitud de revisión con el fin de revertir la sentencia.
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El tribunal que tendrá la última palabra en este caso está conformado por Mélanie Riofrío Piché, José Antonio Moreno Rodríguez y Dário Moura Vicente. Cada uno de ellos cuenta con una trayectoria destacada en la resolución de disputas internacionales.
Mélanie Riofrío Piché, de nacionalidad canadiense y ecuatoriana, ha trabajado en arbitrajes comerciales y de inversión en distintas instancias, incluido el CIADI. Su experiencia abarca casos en América Latina y Europa, lo que la ha posicionado como una figura clave en este tipo de procedimientos.
José Antonio Moreno Rodríguez, originario de Paraguay, ha participado en procesos ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y en tribunales especializados en derecho deportivo, como el TAS. También ha sido consultor en organismos internacionales y profesor en la Universidad Externado de Colombia.
El tercer miembro del tribunal, Dário Moura Vicente, es un jurista portugués con una extensa trayectoria en arbitraje. Ha intervenido en laudos en diversas jurisdicciones, incluyendo Angola y Mozambique, y ha liderado la Asociación Portuguesa de Arbitraje.
Colombia presentó la solicitud de anulación argumentando que el fallo inicial afectaba sus intereses y que el proceso debía revisarse bajo nuevos parámetros. Sin embargo, el CIADI solo puede invalidar una sentencia en circunstancias excepcionales, como errores de procedimiento o violaciones al debido proceso.
Este pleito se suma a otras disputas internacionales en las que el Estado colombiano ha estado involucrado en los últimos años. Diferentes empresas han acudido a tribunales de arbitraje para reclamar compensaciones por cambios regulatorios o decisiones gubernamentales que consideran perjudiciales para sus inversiones.
En el caso específico de Telefónica, la empresa sostiene que las medidas adoptadas por Colombia afectaron significativamente su operación en el país, lo que llevó a la demanda ante el CIADI.
El fallo definitivo de este tribunal arbitral será clave para definir si el Estado deberá asumir el pago de la millonaria indemnización o si logra evitar el desembolso mediante la anulación del laudo. Hasta el momento, no se ha establecido una fecha exacta para la decisión final, pero se espera que el proceso avance en los próximos meses.
Mientras tanto, la posición del gobierno colombiano se mantiene firme en su intención de revertir el fallo, argumentando que el país actuó conforme a la ley y que el laudo inicial no reflejó adecuadamente la realidad del caso.
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