
La empresa Helicol S.A.S. solicitó formalmente al Grupo Ecopetrol reconsiderar la decisión de dar por terminado de manera anticipada el contrato de sinergia No. CW215358 y los contratos individuales asociados. Esta petición, presentada el 5 de marzo de 2025 por el abogado Juan Pablo Estrada Sánchez, argumentó que la medida adoptada por Ecopetrol vulnera principios fundamentales como el debido proceso y la buena fe contractual.
Uno de los puntos centrales de la controversia radica en el incumplimiento alegado por Ecopetrol, que sostiene que la empresa no acreditó en el plazo estipulado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En la comunicación enviada a Helicol, la petrolera indicó que “luego de acaecido el plazo del 03 de febrero de 2025, para que el Contratista pusiera a disposición de las COMPAÑÍAS, las aeronaves y la base de operaciones en Paz de Ariporo, y a la fecha de emisión de la presente comunicación, el Contratista no acreditó de manera oportuna, cierta, total y objetiva, el cumplimiento de sus obligaciones”.
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Por su parte, Helicol sostuvo que la verificación realizada por Ecopetrol fue defectuosa y no tuvo en cuenta las subsanaciones enviadas a tiempo. Según la empresa, los documentos requeridos fueron entregados antes del vencimiento del plazo; sin embargo, no se recibió ninguna retroalimentación por parte de los inspectores. En su defensa, la compañía expresó que “el Grupo Ecopetrol y sus inspectores jamás realizaron la retroalimentación sobre el cumplimiento de los hallazgos con base en la evidencia que les fuera enviada luego de las inspecciones”.
Otro de los puntos clave en el reclamo de Helicol es que la terminación del contrato ocurrió sin que Ecopetrol verificara las acciones correctivas implementadas tras las auditorías realizadas en febrero. Según la empresa, se encontraba lista para iniciar operaciones desde el 28 de febrero de 2025 y así lo comunicó oficialmente a la petrolera. “El día 28 de febrero de 2025 HELICOL envió comunicación al Grupo Ecopetrol manifestando estar listo para iniciar operaciones”, señala el documento.
Además, la empresa argumenta que el contrato contemplaba un plazo especial de seis meses para que las bases de Cúcuta, Paz de Ariporo y Soracá cumplieran con todos los requisitos necesarios. Desde esta perspectiva, Helicol afirmó que la terminación anticipada de los contratos carece de fundamento contractual y que “el plazo máximo de cumplimiento son los seis meses siguientes a la asignación de los contratos”.

En su solicitud de reconsideración, Helicol también cuestionó la imparcialidad de los inspectores encargados de la auditoría, señalando que algunos de ellos podrían haber tenido conflictos de interés. En particular, acusó a Ecopetrol de haber ocultado información relevante sobre los antecedentes de Jorge Rincón, auditor de Sgs Aviation Compliance, y de Harold Ramírez, miembro del Grupo Técnico de Aviación de Cenit. Según la empresa, la falta de transparencia en este proceso privó a Helicol de la posibilidad de objetar su participación.
Otro aspecto que la empresa destacó fue que parte del supuesto incumplimiento señalado por Ecopetrol se debió a demoras en la expedición de permisos por parte de la Aeronáutica Civil. En el documento, se argumenta que la falta de celeridad de esta entidad en la emisión de autorizaciones representó un caso de fuerza mayor que escapaba al control de Helicol. Además, la empresa indicó que “en dicha entidad no atienden ni trabajan por orden de experiencia de los usuarios”.
Helicol también cuestionó los hallazgos en los que se basó la decisión de terminación anticipada, asegurando que algunos de ellos carecían de evidencia o no habían sido validados correctamente. Como ejemplo, mencionó el caso de un despachador cuya licencia fue reportada como suspendida por un auditor, cuando en realidad su estado era activo según la base de datos de la Aeronáutica Civil.

En su solicitud, Helicol no solo pidió la revocatoria de la decisión de Ecopetrol, también la validación de las subsanaciones presentadas y la convocatoria de una mesa de trabajo para evidenciar el cumplimiento de las especificaciones. Asimismo, la empresa remitió copia de su solicitud a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio, el presidente de Ecopetrol y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
Ahora, queda en manos de Ecopetrol evaluar la petición y determinar si reconsiderará su decisión o mantendrá la terminación anticipada del contrato. Mientras tanto, el sector permanece atento a la resolución de este conflicto, que podría tener implicaciones importantes en la relación contractual entre ambas entidades.
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