
La Fiscalía General de la Nación tiene la lupa puesta sobre el Chocó, luego de que el líder indígena José Javier Pedroza Mecheche confesara en televisión que pagó veinte millones de pesos para que Asocafid (asociación de la que es representante legal) fuera apta en el proceso de adjudicación del contrato para operar la educación de niños indígenas en el 2025.
“A mí me tocó entregar, directamente. Yo como representante he dado veinte millones de pesos, para que me hicieran pasar como operadora, y ahora no me quieren dar los cupos, los que tenía, yo sí sé ha quién entregué (el dinero), no lo voy a decir, pero mañana vamos a sacar otra entrevista, ahí se lo voy a cantar... son los funcionarios de la Secretaría”, precisó el líder indígena en una entrevista concedida a Citara Tv.
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Pedroza participó de la transmisión, cuando el medio citado cubría las protestas que organizó en el departamento del Chocó para presionar a la Secretaría en el proceso de selección:

“Nosotros vamos a estar aquí, mientras que no nos entregue los dos centros a favor de nosotros, no nos vamos levantar de aqui, que ella nos cumpla con lo que nosotros estamos exigiendo”.
Declaraciones que encendieron las alarmas de la Secretaría de educación, al punto en el que la secretaría departamental Yina Paola Reales interpuso una demanda en la que:
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“Conforme a los hechos y las pruebas aportadas, solicito a la Fiscalía que, con la mayor brevedad posible, adelante todas las actuaciones administrativas necesarias para investigar y sancionar al señor José Javier Pedroza y a todos aquellos que resulten responsables durante el curso de la investigación. Esto, dado que el señor Pedroza ha manifestado haber entregado 20 millones de pesos, en calidad de representante legal de Asocafid, a un funcionario de la Secretaría de Educación del Chocó, a cambio de que se le adjudicara el contrato para la operación de la educación indígena para la vigencia 2025″.

Reales insiste en que las declaraciones entregadas por Pedroza a la prensa indican que “se estaría incurriendo en un posible cohecho, tanto por parte del señor Pedroza, quien ofreció el soborno, como del funcionario que lo recibió”.
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Y, por tanto, otra de sus solicitudes es que “Pedroza ponga en conocimiento de las autoridades y de la opinión pública los posibles hechos de corrupción que se estarían cometiendo al interior de la entidad que represento. Asimismo, que indique a quién entregó los 20 millones de pesos”.
La funcionaria lamentó que según la forma en la que fueron narrados los hechos, se hayan puesto en duda el buen nombre y la honra de la institución y, por tanto, espera que sean aclarados los señalamientos que hizo el líder indígena en la transmisión en vivo del noticiero.

O que, “en caso de que el señor Pedroza no ponga en conocimiento de las autoridades y de la opinión pública a quién entregó los 20 millones de pesos, se retracte públicamente de lo dicho en el medio de comunicación y pida disculpas por la afectación al buen nombre de la entidad”.
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Sumado a las acusaciones por cohecho, injuria y calumnia, Revista Semana encontró que Pedroza se enfrenta también a la imputación de delitos como peculado y el no cumplimiento de requisitos legales; lo que encienden el llamado de la Gobernación del Choco, a través de la cartera de Educación para que el caso sea analizado y se dé con el nombre del funcionario al que le habría sido entregados los 20 millones de pesos o, de lo contrario, Pedroza se retracte y entre a explicar el por qué de sus declaraciones.
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