Crisis humanitaria en Colombia: más del 70% del territorio está bajo influencia de grupos armados ilegales

La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre una alarmante crisis humanitaria que afecta a gran parte del país. De acuerdo con un informe reciente presentado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, más del 70% del territorio nacional enfrenta la presencia o el control de grupos armados ilegales.

Esta situación ha derivado en desplazamientos masivos, confinamientos y un aumento en el reclutamiento forzado, afectando de manera desproporcionada a comunidades vulnerables. En al menos once regiones del país, las emergencias humanitarias alcanzaron niveles críticos, según detalló la entidad.

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El informe también destaca que, aunque en 2024 se registró una disminución en los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, la expansión de estructuras criminales y el accionar de grupos armados intensificaron la inseguridad en muchas zonas.

Marín subrayó que 809 municipios están bajo alerta debido a la presencia de estas organizaciones, lo que representa una amenaza directa para la población civil. En el caso de Catatumbo, la crisis se ha agravado con el desplazamiento de 55.000 personas en un lapso de dos semanas, una cifra sin precedentes en la región.

La Defensoría identificó al menos once focos de emergencia humanitaria en el país, donde las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas son las más afectadas. Entre las regiones más críticas se encuentran Chocó, Nariño, Cauca, el Pacífico vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, el Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, el sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo. En estas áreas, los enfrentamientos entre grupos armados han generado desplazamientos masivos y confinamientos, dejando a miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad.

En Chocó, por ejemplo, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo intensificaron la crisis. Desde el 4 de febrero, esta subregión ha sido escenario de violentos choques armados, lo que llevó a la población a vivir en un estado constante de temor e incertidumbre.

Según el informe, el ELN incrementó su accionar mediante paros armados, en una disputa territorial con el Clan del Golfo. Esta situación ha generado un impacto devastador en las comunidades locales, que enfrentan restricciones de movilidad y acceso limitado a bienes básicos.

La expansión de los grupos armados y sus alianzas

El informe de la Defensoría del Pueblo también señala que al menos diez grupos armados ilegales están detrás de esta crisis humanitaria. Entre ellos se encuentran el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc lideradas por alias Mordisco y alias Calarcá Córdoba, así como organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos. En algunos casos, estas organizaciones han establecido alianzas estratégicas para consolidar su control territorial y expandir sus actividades ilícitas.

En el caso de Chocó, la Defensoría documentó que el Clan del Golfo estaría operando en alianza con las disidencias de las Farc, lo que ha generado un nuevo escenario de confrontación en la región. Según Iris Marín, la falta de acciones preventivas por parte de las autoridades ha permitido que estas estructuras criminales continúen expandiéndose sin mayores obstáculos.

Durante la presentación del informe, Marín criticó la falta de medidas efectivas frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. En noviembre de 2024, la entidad había advertido sobre la crisis en Catatumbo, pero, según la funcionaria, no se adoptaron acciones concretas para prevenir el agravamiento de la situación. “No se trata de llenar matrices de Excel, sino de actuar con urgencia”, afirmó en declaraciones a Blu Radio.

La Defensora del Pueblo hizo un llamado a las instituciones y al Gobierno para que tomen decisiones coordinadas y efectivas frente a la expansión de los grupos armados ilegales. “Colombia es un país viable, pero debemos unirnos y responder con rapidez”, concluyó Marín, enfatizando la necesidad de una acción conjunta para proteger a las comunidades afectadas y garantizar su seguridad.