El 4 de octubre de 2023, la Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión que impacta directamente a miles de estudiantes que financian sus estudios a través del Icetex.
El alto tribunal declaró inexequible el artículo 95 de la reforma tributaria de 2022, el cual permitía otorgar una tasa de interés cero (0 % + IPC) a 77.000 jóvenes con créditos educativos.
Esta medida, que buscaba aliviar la carga financiera de los estudiantes, fue anulada debido a irregularidades en su proceso de aprobación legislativa.
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la decisión de la Corte, señalando que la eliminación de la tasa de interés cero fue una determinación del alto tribunal y no del gobierno.
Petro destacó que esta medida había sido aprobada en el Congreso como parte de los esfuerzos de su administración para aliviar la carga financiera de los estudiantes.
Sin embargo, la Corte, en su “sabiduría”, según él Presidente, decidió declararla inconstitucional.
Las declaraciones del mandatario nacen luego de que Noticias Caracol hiciera un reportaje sobre el aumento de las tazas de interés para los jóvenes que se sumaron al Icetex para financiar su educación superior, por la cancelación de varios subsidios.
“Este informe no tiene en cuenta el dato más importante, fue la corte constitucional, en su sabiduría aunque no entienda las razones, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos en el interés, que el gobierno logró aprobar en el Congreso”, afirmó el mandatario en su cuenta oficial de X.
Según informó la Corte Constitucional, el artículo 95 no cumplió con los principios de consecutividad e identidad flexible, ya que no fue debatido en las comisiones económicas del Congreso, como lo exige la normativa.
En cambio, su aprobación se dio directamente en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. La sentencia C-391, que recoge esta decisión, subraya que la falta de un debate integral en todas las fases del proceso legislativo invalida la disposición.
El artículo 95 establecía que las Instituciones de Educación Superior debían asumir los intereses generados por los créditos educativos otorgados por el Icetex.
Esto significaba que los estudiantes solo tendrían que pagar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) durante sus estudios, reduciendo significativamente la carga financiera.
De acuerdo con María José Castañeda, presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acres), la decisión afecta principalmente a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, quienes representan el 91 % de los beneficiarios de los créditos otorgados por el Icetex en el último año.
En declaraciones recogidas por Blu Radio, Castañeda señaló que esta medida pone en riesgo la continuidad de los estudios de miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad y que el trino del presidente solo era un engaño.
“Yo quisiera decirles algo que los estaba escuchando del trino del presidente, y es que yo le quiero decir al presidente que no sea irresponsable y no engañe a las personas... Lo que les tumbó la Corte Constitucional nada tiene que ver con la gente que está en periodo de pago, que es a los que hoy ellos le quitaron el subsidio a la tasa de intereses”, afirmó en los micrófonos del medio ya mencionado.
Según Cifrás de Acres, cerca de 186.000 estudiantes dependían de estos subsidios para el año 2024. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) estima que el número real de afectados podría ascender a 300.000, lo que agrava aún más la situación.
“Nos encantaría que la educación fuese pública, gratuita y universal, pero hoy el país no tiene la capacidad de ofrecer suficientes cupos. Oficialmente solo hay 68.000 nuevos cupos en el sistema público, muy por debajo de la meta gubernamental”, dijo la representante.
Desde 2018 se han venido señalando las deficiencias estructurales de la entidad y la necesidad de una reforma integral. “Nosotros le dijimos al Gobierno de Gustavo Petro que era urgente una reforma estructural del Icetex, pero en tres años no ha pasado absolutamente nada”, afirmó Castañeda, subrayando la falta de acción por parte de las autoridades.
La medida podría aumentar las tasas de deserción universitaria, especialmente entre los estudiantes de estratos más bajos. Esto, a su vez, podría profundizar las desigualdades sociales y económicas en el país, limitando las oportunidades de desarrollo para miles de jóvenes.
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