La suspensión temporal de 48 estaciones de servicio en Norte de Santander ha generado controversia, luego de que se vinculara la medida con presuntas irregularidades en la distribución de combustible.
María Eugenia Martínez, directora de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander (Asesnort), aclaró en entrevista con Blu Radio que el cierre no se debe a acusaciones de venta de gasolina al narcotráfico, sino a requerimientos administrativos del Ministerio de Minas.
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Martínez explicó que las estaciones deben actualizar su documentación, incluyendo coordenadas geográficas, certificados catastrales y folios de matrícula inmobiliaria. Esta solicitud, según indicó, se enmarca en las medidas establecidas tras la declaratoria de conmoción interior el pasado 17 de febrero, lo que llevó a la suspensión temporal de los establecimientos que aún no han completado el proceso.
Respecto a las versiones sobre un posible desvío de combustible hacia economías ilícitas, la representante de Asesnort insistió en que la verificación de documentos busca confirmar la ubicación exacta de cada estación y no implica una acusación directa contra los propietarios.
“Eso no lo están diciendo todavía. Lo que pasa es que están pidiendo una documentación para mirar la ubicación exacta”, afirmó Martínez, al ser consultada sobre si estaciones de municipios como Cúcuta, Ocaña, Teorama, Los Patios y El Carmen estarían vendiendo gasolina a grupos ilegales.
La directiva también justificó las inconsistencias en las coordenadas de algunas estaciones, señalando que en 2023 se usaron herramientas como Google para obtenerlas, lo que no garantiza precisión total.
Sobre el volumen de distribución de combustible en la región, Martínez explicó que el Ministerio de Minas asigna cupos según el histórico de ventas y la antigüedad de cada estación. “No es lo mismo el cupo de una estación de servicio en Cúcuta que en Ocaña”, dijo, sin precisar cifras específicas.
Además, enfatizó que las estaciones afiliadas a Asesnort operan dentro de un mercado regulado y supervisado por entidades estatales. “Nosotros estamos en un mercado regulado y controlado por el Estado. Nos vigilan cinco ministerios, una superintendencia de Industria y Comercio, organismo de verificación metrológica”, puntualizó.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, indicó que el cierre de las estaciones responde a la necesidad de verificar la información reportada por los propietarios, como parte de una estrategia para evitar que el combustible termine en actividades ilegales.
Según Camacho, si las estaciones cumplen con los requisitos exigidos, el proceso de reapertura será ágil. No obstante, alertó sobre casos en otras regiones donde el volumen de venta de combustible supera la demanda esperada, lo que genera sospechas sobre posibles desvíos.
El ministro también mencionó la existencia de refinerías clandestinas que extraen combustible de oleoductos o lo obtienen de países vecinos para su uso en la producción de cocaína. Estas prácticas forman parte de la cadena de suministro de las economías ilícitas que el Gobierno busca desarticular.
En ese contexto, Martínez reiteró que el cierre de las estaciones en Catatumbo se debe a la falta de ciertos documentos administrativos y no a una vinculación directa con el narcotráfico.
Según Asesnort, algunas estaciones ya han completado los requisitos exigidos y han sido reactivadas, mientras que otras continúan en proceso de regularización.
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