El Hospital San Sebastián de Urabá, ubicado en el municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia, enfrenta una grave crisis financiera debido a la deuda acumulada por la atención de migrantes.
Desde que comenzó a ofrecer servicios médicos a la población migrante en 2018, la institución ha atendido a miles de personas provenientes de diferentes países. Sin embargo, las facturas por estos servicios continúan sin ser saldadas, lo que ha generado un agujero financiero insostenible.
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El gerente del hospital, Wilder Peñafiel Arias, denunció que la deuda por atención médica a migrantes asciende a más de $2.500 millones. De acuerdo con el hospital, la deuda corresponde a 2.780 facturas que aún no han sido canceladas por el Ministerio de Salud, lo que ha dejado al hospital al borde de un colapso económico.
La situación es aún más grave si se considera que, cada día, entre 13 y 20 migrantes ingresan al servicio de urgencias con enfermedades graves, complicaciones de embarazo y otras patologías que requieren atención inmediata, según las declaraciones del funcionario.
“Estamos alrededor de 2780 facturas y esas facturas nunca han sido canceladas por medio del Ministerio, por medio del Estado, a nosotros nos abandonaron y nos dejaron solos aquí atendiendo esa población con la mera platica que nos manda el Adres”, aseguró el gerente del hospital, Wilder Peñafiel Arias.
Una crisis insostenible
De acuerdo con El Colombiano, la llegada de migrantes a Necoclí ha aumentado significativamente en los últimos años, debido a su ubicación estratégica en la ruta migratoria hacia el norte del continente.
Según Peñafiel, gran parte de los migrantes atendidos por el hospital provienen de países como Cuba, Haití, y varias naciones europeas como Inglaterra y los Países Bajos. Muchos de ellos se encuentran en el país de manera irregular y carecen de documentos de identificación, lo que hace casi imposible el cobro a las entidades correspondientes.
El hospital ha dependido de los giros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para financiar la atención de los migrantes, pero estos pagos llegan con retraso y no son suficientes para cubrir el costo de los servicios prestados.
La situación se ha agravado por la falta de apoyo del Gobierno nacional, que, a pesar de las constantes solicitudes de los alcaldes y autoridades locales, no ha establecido una ruta clara para el financiamiento de la atención a los migrantes.
“A nosotros nos abandonaron y nos dejaron solos aquí atendiendo esa población con la mera platica que nos manda el Adres”, expresó Peñafiel.
El hospital ha intentado resolver la situación mediante acciones jurídicas, pero hasta el momento los esfuerzos han sido infructuosos. La administración local tampoco dispone de los recursos necesarios para hacer frente a este problema, y las facturas continúan acumulándose.
Desde 2018, el Hospital San Sebastián de Urabá ha sido un punto clave para la atención de migrantes en la región de Urabá, especialmente en el municipio de Necoclí. Sin embargo, la falta de respuesta del Ministerio de Salud y otras entidades estatales ha dejado al hospital en una situación crítica. En agosto del año pasado, la deuda ascendía a $1.181 millones, pero la cifra ha seguido aumentando, lo que ha generado una creciente preocupación entre las autoridades locales y los empleados del hospital.
El impacto de esta deuda no solo afecta al hospital, sino también a la comunidad local. Los recursos destinados para la atención de los migrantes, en su mayoría, provienen de los mismos fondos que deberían cubrir la atención médica de los residentes de Necoclí. La saturación de los servicios médicos y la falta de financiación adecuada para las atenciones urgentes ponen en riesgo tanto a los migrantes como a los habitantes locales que dependen de la infraestructura sanitaria del municipio.
Además, la crisis en la atención básica de salud se ve reflejada en el cierre de algunas ONG que anteriormente brindaban apoyo a los migrantes. Estas organizaciones han cesado sus operaciones debido a las restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y la falta de recursos para mantener sus programas. Esto ha dejado al hospital como la única opción viable para la atención de salud, lo que ha incrementado aún más la presión sobre el sistema.
El gerente del hospital, junto con los alcaldes de la región, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno Nacional tome medidas urgentes para resolver esta crisis. En diversas ocasiones, las autoridades locales han solicitado la creación de un documento Conpes que defina un plan de acción para la atención financiera de los migrantes. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno no ha emitido respuesta.
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