
Siguen los coletazos del polémico Consejo de Ministros que el presidente Gustavo Petro decidió televisar en un acto de transparencia, pero que terminó convirtiéndose en el inicio de una crisis de Gobierno que reveló; incluso, el ingreso de dineros ilícitos por parte de alias Papá Pitufo.
Sin embargo, uno de los hechos que pasó casi desapercibido fue justo después de la transmisión, fue la remoción de ocho escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que estaban vinculados al esquema de protección de la familia presidencial.
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De hecho, los agentes recibieron un mensaje nocturno que les ordenaba entregar sus elementos de servicio, una decisión que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de la seguridad en la Casa de Nariño.
En su momento, El Tiempo reveló que la decisión fue comunicada a través de un mensaje enviado por Luis Enrique Ossa, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), lo que despertó críticas debido a que, según los protocolos, este tipo de decisiones debería ser competencia de la Jefatura de Protección Presidencial (JPP).

“Buenas noches, señores. Por directriz de jefatura de Presidencia de la República, los siguientes señores deben presentarse a su respectiva entidad que los contrató para que hagan entrega de sus elementos de servicio”, se leía en el mensaje enviado vía WhatsApp.
La JPP, actualmente liderada por el general brigadier Pedro Arnulfo Sánchez, asumió el mando hace un mes tras la salida del coronel Carlos Feria, quien fue trasladado a una misión diplomática en medio de investigaciones el caso de polígrafo aplicado la exniñera Marelbys Meza.
Sin embargo, en la mañana de este domingo 16 de febrero, se conoció el testimonio de algunos de los escoltas removidos, que expresaron su descontento y señalaron que la decisión no fue una simple rotación, sino un despido que los dejó en el desempleo.
“La mayoría de nosotros estábamos en el esquema del señor presidente Petro desde hace 8, 7 o 5 años. Al inicio de este Gobierno fuimos repartidos en los esquemas de la familia presidencial. Pero estamos muy decepcionados porque no hicimos nada indebido y decidieron sacarnos, no para rotación como dicen, sino al desempleo esperando a ver si nos vuelven a llamar”, afirmó uno de los afectados en diálogo con El Colombiano.
Los escoltas, que prefirieron guardar sus nombres por miedo a represalias, también denunciaron tensiones internas entre los agentes de la Policía Nacional y los escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad dirigida por Augusto Rodríguez, un hombre de confianza del presidente Gustavo Petro desde sus tiempos en el M-19.
Según los testimonios, los policías habrían sido relegados en favor de escoltas de la UNP, algunos de ellos exmiembros del M-19, lo que habría generado fricciones en el equipo de seguridad.
“Esto es una escuela y llegaron personas a aprender. Han puesto a patrulleros que no tienen conocimiento en protección y algunos de ellos sin licencia de conducción. Como escoltas de la UNP hemos tenido que afrontar varias situaciones para las cuales los policías no están preparados”, señaló otro de los escoltas retirados al medio citado.
Por su parte, un oficial de la Policía, también bajo anonimato, señaló a El Colombiano que los agentes enfrentan turnos extenuantes y que, a pesar de estar capacitados, sienten que no se les reconoce su preparación. “Nos queman con los horarios, pero estamos entrenados para esto. Sin embargo, hay decisiones que no entendemos”, comentó.
Pero este episodio no es el primero que pone en entredicho la gestión de la seguridad presidencial. Según se conoció, en marzo de 2023 un hombre logró ingresar al despacho presidencial con una pistola automática, alegando que quería demostrar fallas en los protocolos de seguridad.
Más tarde, en junio del mismo año, más de 30 escoltas del esquema de la primera dama, Verónica Alcocer, fueron removidos, lo que generó denuncias por presunta extralimitación de funciones y evidenció tensiones internas en Palacio.

Además, en diciembre de 2022, El Colombiano reveló que el presidente Petro había optado por utilizar aviones privados en lugar de las aeronaves oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), argumentando preocupaciones de seguridad y posibles fugas de información. Esta decisión generó malestar en la FAC, que advirtió sobre los riesgos de no poder garantizar la seguridad del mandatario en vuelos privados.
Entretanto, el nombre de Augusto Rodríguez ha estado en el centro de varias controversias recientes. Durante el Consejo de Ministros del 4 de febrero, Rodríguez criticó abiertamente la presencia de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial y de Laura Sarabia como ministra de Relaciones Exteriores.
Además, reveló un escándalo relacionado con la presunta financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022 por parte de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, conocido como el zar del contrabando. Según Rodríguez, Marín habría entregado 500 millones de pesos colombianos para la campaña, aunque el presidente aseguró que el dinero fue devuelto.
Tras estas declaraciones, Rodríguez parece haber perdido influencia dentro del Gobierno, mientras Benedetti ha ganado poder en la Casa de Nariño, ocupando una oficina cercana al despacho presidencial y consolidándose como una figura central en el círculo cercano de Petro.
“El doctor Petro dice que cree en las segundas oportunidades como en el caso del señor Benedetti y nosotros que no hicimos nada, le hemos servido por años y nos sacan, ¿por qué sí hay segundas oportunidades para él pero no para nosotros?”, señaló otro de los escoltas de la UNP a El Colombiano.
Ante las críticas, la Presidencia respondió a través de la JPP, asegurando que la remoción de los escoltas fue una decisión autónoma y previamente planificada, sin relación con el Consejo de Ministros. Según el comunicado enviado al medio, la medida se tomó en coordinación con la UNP y se basó en análisis internos para garantizar la seguridad del presidente y su familia.
La JPP también negó que los escoltas removidos fueran reemplazados exclusivamente por policías sin capacitación en protección. Según la entidad, todos los integrantes del esquema presidencial cumplen con estándares de entrenamiento y poseen las licencias necesarias para desempeñar sus funciones.
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