Sectores religiosos ‘crucificaron’ a Petro por proponer impuestos a las iglesias en nueva reforma tributaria: “No somos empresas”

El ministro de Hacienda, Diego Guevara, anunció que para el año 2025, se presentará una nueva reforma tributaria al Congreso de la República, porque a finales del 2024 fue negada en las Comisiones Económicas del legislativo, lo que generó un reajuste al presupuesto general de la nación para el año en curso.

En diálogo con Portafolio, el jefe de cartera reveló detalles de la nueva propuesta que será presentada en el Senado y la Cámara de Representantes, entre los cuales, no se descarta la extensión de impuestos creados por la declaratoria de conmoción interior por la situación de orden público que se registra en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

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Uno de los sectores que podría resultar afectado con esta medida tributaria son los gremios de las Iglesias y otras representaciones de culto, pese a que en la campaña del 2022, el entonces candidato Gustavo Petro había manifestado su compromiso de no tomar esta decisión.

Sin embargo, la negativa a la Ley de Financiamiento por parte del Congreso, que tenía como propósito recaudar más de 12 billones de pesos, ha cambiado los planes del Gobierno, por lo que el gravamen a este sector religioso entró en discusión por la Casa de Nariño.

Ante esta situación, varios representantes manifestaron su descontento con el Gobierno nacional, al considerar que, de avalarse esta medida, se verían afectados varios programas sociales enfocados en las comunidades más vulnerables del territorio colombiano.

“Las iglesias y las entidades religiosas no son empresas y mucho menos sus actividades económicas son de tipo lucrativo. Además, las entidades religiosas y las iglesias lo que hacen es financiar obras sociales, educativas y humanitarias de espacio y situaciones en las cuales el Estado ni siquiera ha sido capaz de garantizar a la población colombiana”, expresó la senadora Lorena Ríos Cuéllar, del partido Colombia Justa Libres, en diálogo con El Espectador.

De igual forma, la congresista recordó que no es la primera vez que el Gobierno Petro estaría planteando colocar cargas tributarias hacia dicho sector, ya que en 2022, durante el debate de la primera reforma tributaria, fue negado un artículo en relación con el mismo.

“En 2022, demostramos durante el trámite en el Senado que esta medida era inviable jurídicamente. Hoy, como entonces, defenderé el derecho de las entidades religiosas a seguir sirviendo sin cargas fiscales injustas e inconstitucionales”, sustentó en su cuenta de X.

Respuesta de la bancada del Gobierno Petro

Sin embargo, desde el lado del oficialismo tienen otra perspectiva, ya que sostienen que, en el momento de la discusión de la primera Reforma Tributaria, se acordó la eliminación de este punto del articulado, pero que con el paso del tiempo, se hace necesario retomar la discusión en el legislativo, tal como lo afirmó la senadora Clara López.

“Cuando fui coordinadora ponente de la Reforma Tributaria del año 2022, acordamos que los impuestos a las iglesias no eran convenientes para lograr la aprobación general de la Reforma. Hoy la situación fiscal del país nos lleva a reabrir la discusión”, expresó la congresista del Pacto Histórico en su cuenta de X.

Por su parte, el pastor Alfredo Saade, figura cercana al presidente Gustavo Petro, desestimó que el Gobierno nacional anuncie impuestos a las iglesias y centros de culto del país, al recordar que fue una promesa de campaña en 2022.

“Le recuerdo a quienes pretenden ponerle impuestos a las iglesias, que el presidente Gustavo Petro se comprometió a no hacerlo. A sus ministros les pido que no vayan en contravía de la orden presidencial. Estaré atento para defender nuevamente como lo hice anteriormente para que no suceda”, comentó el excandidato presidencial.

Según el artículo 23 del Estatuto Tributario colombiano, “no son contribuyentes del impuesto sobre la renta (...) las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley”, siempre y cuando estas organizaciones cumplan con los requisitos administrativos y de transparencia, establecidos en la legislación nacional. En el último reporte presentado por la Dian, estos sectores acumularon más de 19 billones de pesos en patrimonio líquido, en el 2023.