Los constantes enfrentamientos entre grupos armados en el sur de Bolívar han forzado a cientos de familias a abandonar sus hogares en los primeros meses del año.
La disputa por el control territorial y de economías ilegales sigue afectando a comunidades rurales, especialmente en municipios como Montecristo y Santa Rosa del Sur, donde la población enfrenta una crisis humanitaria creciente.
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En información conocida por Blu Radio ha señalado que la Secretaría de Víctimas de la Gobernación de Bolívar señalan que solo el pasado fin de semana, más de 500 personas de las veredas Mina Gorila y Mina Plaza se vieron obligadas a desplazarse para salvaguardar sus vidas. A su vez, otras 104 permanecen confinadas en el corregimiento de Mina Piojó, en medio del temor por la violencia que se intensifica en la región.
“Las confrontaciones de grupos ilegales han aumentado, poniendo en riesgo la vida y la tranquilidad de esos pobladores de estos corregimientos, especialmente de las zonas rurales. Nosotros, desde la Gobernación de Bolívar, estamos brindando ayudas de reacción inmediata, pero se requiere que, así como el Catatumbo tiene una merecida atención, también el sur de Bolívar la reciba”, señaló Iván Sanes, secretario de Víctimas del departamento.
El funcionario también advirtió que el desplazamiento y el confinamiento van en aumento. En 2023, los casos registrados ya se habían duplicado con respecto al año anterior, y en 2024 casi se triplicaron. Para 2025, la tendencia sigue al alza, con más de mil personas afectadas en lo que va del año. Montecristo, Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur, Norosí y Río Viejo son algunos de los municipios más golpeados por la violencia.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la gravedad de la situación. En los primeros meses de 2025, se han registrado cuatro desplazamientos forzados masivos y más de cinco comunidades han quedado confinadas.
“La situación, en lo que va de 2025, ha producido cuatro desplazamientos forzados masivos, más de cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados”, advirtió la entidad.
En la zona hacen presencia varios grupos armados, incluyendo el ELN, disidencias lideradas por alias Calarcá Córdoba, autodenominadas ‘Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF)’, y el ‘Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)’, que continúan en disputa por el dominio de la región.
Líderes comunitarios insisten en que la falta de presencia estatal sigue siendo un factor clave en el agravamiento del conflicto.
“Que volteen la mirada hacia estos sectores que están en total abandono, y por eso los grupos armados aprovechan para apoderarse de las economías ilícitas. Nosotros hemos venido pidiendo desde hace varios años la formalización de la minería y no ha sido posible (…) Es responsabilidad del Gobierno lo que está ocurriendo por falta de atención. Aquí, si se construye un colegio, lo hacemos nosotros; si se construye una vía, la hacemos y la mantenemos nosotros mismos”, expresó un líder de la zona en diálogo con Blu Radio, quien prefirió mantener su identidad en reserva.
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