Polémica por decisión de la Fiscalía de beneficiar con principio de oportunidad a hombre acusado de abuso sexual: la víctima aceptó $50 millones como reparación

Un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en Bogotá recibió un beneficio jurídico que le permite permanecer en libertad condicional mientras cumple un acuerdo de reparación durante ocho meses, tras el aval de dos juezas y a solicitud de la víctima, en un caso que reaviva el debate sobre la justicia restaurativa en delitos sexuales en Colombia.

El beneficio, conocido como principio de oportunidad a prueba, fue concedido a Federico Sandoval por hechos ocurridos entre el 8 y 9 de marzo de 2024 en la localidad de Suba, e implica una reparación económica, restricciones de contacto y tratamientos psicológicos, según informó El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El acuerdo, negociado entre la defensa, el representante de la víctima y el despacho de la Fiscalía General de la Nación, incluye la entrega de $50.000.000 a la mujer afectada, la obligación de no acercarse a ella ni a sus familiares, la asistencia a terapias en el programa Pasos, y la prevención de reincidencia en conductas similares.

Estas condiciones fueron definidas el 18 de septiembre de 2023, durante una audiencia judicial donde las partes consensuaron la suspensión del proceso penal por ocho meses, bajo la modalidad de justicia restaurativa. Las juezas que avalaron el acuerdo enfatizaron la importancia de la reparación simbólica y el tratamiento psicológico para el acusado.

En su fallo, una de ellas detalló: “Indicaron que se realizaría con justicia restaurativa con una reparación económica y una simbólica por parte del procesado, pidiendo perdón público y sometiéndose el procesado a tratamiento psicológico en el programa Pasos”, según citó el mismo medio.

La Fiscalía sustentó el beneficio en la normativa vigente tras la reforma de 2025

El principio de oportunidad otorgado a Sandoval se fundamentó en la causal 7 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 2477 de 2025, conocida como la reciente reforma al sistema penal. La Fiscalía argumentó ante el juzgado que la víctima estaba plenamente informada de los acuerdos, había mostrado avances en su recuperación y participó activamente en la construcción de la solución, lo que garantiza la reparación integral.

“A la fecha el proceso restaurativo ha mostrado grandes avances, pues la víctima ha sido escuchada, acompañada terapéuticamente y apoyada por profesionales, y además ha podido encontrar un espacio seguro donde participar activamente en la construcción de la solución, lo que dignifica su voz y garantiza la reparación integral”, consigna un documento oficial del expediente.

Las evaluaciones aportadas por una trabajadora social del programa Pasos y una psicóloga señalaron que tanto el acusado como la víctima registraron avances en el manejo de las emociones y el proceso terapéutico orientado a la transformación personal y al restablecimiento psicológico tras el episodio de violencia sexual.

El caso generó un fuerte debate jurídico e institucional

La decisión de otorgar beneficio jurídico a Federico sandoval, acusado de delito sexual contra una mujer, fue objetada por la Procuraduría General de la Nación , cuyo delegado alegó ante el juzgado que ventajas de esta índole solo pueden operar mediante mecanismos de conciliación regulados en los artículos 518 a 526 del Código de Procedimiento Penal.

El funcionario advirtió, además, que la aplicación de un principio de oportunidad en delitos sexuales contra mujeres contradice compromisos internacionales como la Cedaw y la Convención de Belém do Pará, y normas nacionales, por ejemplo, la Ley 1257 de 2008, la jurisprudencia constitucional y la obligación de imponer investigación y sanción efectiva en estos casos.

Para el máximo organismo del Ministerio Público, convertir la violencia sexual en un asunto de negociación entre partes “desconocería el mandato constitucional y legal de protección a las mujeres víctimas” y vulneraría la debida diligencia reforzada que exige la legislación.

Frente a esa postura, la Fiscalía defendió su interpretación considerando que la restricción sugerida es contraria a la Constitución Política de 1991. Por su parte, la víctima solicitó que se mantuviera el beneficio, dado que revertirlo “significaría revivir el trauma, exponerse a múltiples audiencias, agravar su trastorno de estrés postraumático, y destruir los avances logrados en Pasos”, según consta en los documentos analizados por El Tiempo.