En la mañana del jueves 6 de febrero de 2025, comenzó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá.
El exmandatario enfrenta acusaciones por fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, en un proceso judicial que se ha prolongado durante más de cinco años.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Uribe habría, presuntamente, incurrido en la compra de testigos con el fin de modificar sus declaraciones y desmentir vínculos con grupos paramilitares.
A pesar de la gravedad de los cargos, el expresidente reiteró su inocencia ante la jueza Sandra Heredia, asegurando que no se declararía culpable bajo ninguna circunstancia.
Mafe Carrascal: “Gozó de la complacencia de la Fiscalía y la Procuraduría”
El inicio del juicio contra Álvaro Uribe ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Por ejemplo, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal Rojas celebró el desarrollo del proceso judicial a través de su cuenta en la red social X.
“Empezó, por fin, el juicio contra Álvaro Uribe. La fiscal afirmó que existe abundante evidencia de que el expresidente orientó a sus emisarios para que testigos cambiaran su testimonio y engañaran a la justicia”.
La congresista también hizo referencia a lo que consideró un trato privilegiado que ha recibido Uribe dentro del sistema judicial, asegurando que el exmandatario “no sólo contó con todas las garantías procesales, sino que durante varios años gozó de la complacencia de la Fiscalía y la Procuraduría que parecían parte de su defensa jurídica”.
En su pronunciamiento, la representante cuestionó la carta enviada por Uribe a figuras internacionales como Elon Musk, Donald Trump y Marco Rubio, en la que el expresidente calificó la investigación en su contra como una persecución política.
Carrascal criticó esta acción señalando que “optó por amedrentar a la justicia”, al señalar al magistrado César Reyes responsable de la investigación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, la congresista cerró su publicación con un comentario irónico: “Y al final sí llamaron al cucho, pero a juicio 🫢”.
“No tiene riesgos que me vaya a declarar culpable”
Durante la audiencia, Uribe manifestó que ha sido objeto de una persecución política, mencionando directamente al exfiscal general Eduardo Montealegre y al senador Iván Cepeda como responsables de lo que considera un montaje judicial en su contra.
“No tiene riesgos que me vaya a declarar culpable, señora juez. He sido perseguido por Montealegre, por el doctor Cepeda. Y a la Corte mandé todo con toda transparencia, sin filtros y embellecimiento para que vengan a decir que por defender mi honra, de quienes sobornaban testigos, y por mandar todo a la Corte con claridad, soy autor de soborno de testigos y que soy autor del daño a la justicia. De ninguna manera, señora juez”.
Por su parte, la jueza Sandra Heredia rechazó una solicitud de la defensa del expresidente, encabezada por el abogado penalista Jaime Granados, para reprogramar el juicio.
En su intervención, la jueza enfatizó que la dilación del proceso ha sido prolongada y que ya han transcurrido 5 años, 3 meses y 26 días sin una resolución definitiva sobre la situación jurídica de Uribe.
“Esta instancia va a acceder en parte a la pretensión del señor defensor. En primer lugar, vamos a instalar hoy el día el juicio oral con la manifestación del señor procesado si acepta o no acepta cargos”, indicó Heredia.
No obstante, la jueza determinó que la continuación del juicio se realizará el lunes 10 de febrero para permitir que la defensa del expresidente exponga su teoría del caso.
Un juicio sin precedentes en Colombia
El juicio contra Álvaro Uribe Vélez marca un precedente en la historia política y judicial del país, dado que es la primera vez que un expresidente colombiano enfrenta un juicio penal, lo que ha generado un amplio debate sobre la independencia de la justicia y el impacto que este proceso tendrá en la política nacional.
Con el inicio del juicio y el agendamiento de la próxima audiencia para el lunes 10 de febrero, se abre un capítulo crucial en la historia jurídica del país.
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