Removieron a siete escoltas de la UNP que protegían a Gustavo Petro tras el Consejo de Ministros: qué pasó

Un mensaje enviado a las 11:30 de la noche del martes 4 de febrero marcó un cambio inesperado en el esquema de seguridad presidencial en Colombia, que protege a Gustavo Petro, después de que varios escoltas del equipo recibieran un inesperado mensaje.

Según información conocida por El Tiempo, siete escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibieron una notificación en sus teléfonos móviles que les ordenaba presentarse en sus respectivas entidades para entregar los elementos de servicio.

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Este hecho ocurrió poco después de que Augusto Rodríguez, director de la UNP, realizara una intervención en el Consejo de Ministros que generó tensiones con el presidente Gustavo Petro.

Rodríguez, quien ha sido un aliado cercano del mandatario durante más de tres décadas, expresó críticas hacia el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho en calidad de encargado.

Durante su intervención, Rodríguez afirmó que había lanzado alertas sobre Benedetti desde la campaña presidencial, lo que habría incomodado al jefe de Estado.

Además, pidió que no se comparara a Benedetti con Jaime Bateman, fundador del grupo guerrillero M-19, un comentario que también habría causado molestia en el mandatario.

Después del encontronazo entre el director la UNP y el presidente, apareció el mensaje enviado a los escoltas de la UNP con un mensaje claro y directo, al parecer, ordenado desde la jefatura de la Presidencia de la República.

“Buenas noches, señores. Por directriz de jefatura de Presidencia de la República, los siguientes señores deben presentarse a su respectiva entidad que los contrató para que hagan entrega de sus elementos de servicio”, decía el comunicado.

Este cambio en el esquema de seguridad se produjo apenas media hora después de la intervención de Rodríguez en el Consejo de Ministros.

Fuentes consultadas por el medio señalaron que la decisión habría sido tomada bajo la dirección de Luis Enrique Ossa, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Sin embargo, esta medida generó descontento entre algunos miembros de la UNP, quienes cuestionaron la relación de Ossa con la entidad y su trato hacia los escoltas.

“Él no tiene nada que ver con nosotros y nos trata muy regular, no nos comentaba nada de los movimientos que iban a haber”, afirmó una fuente anónima citada por El Tiempo.

La intervención de Augusto Rodríguez en el Consejo de Ministros no pasó desapercibida. El director de la UNP no solo abordó las dificultades que enfrenta la entidad, sino que también se sumó a las voces dentro del gabinete que cuestionaron el nombramiento de Armando Benedetti.

Tras conocerse de los mensajes, fuentes de la Casa de Nariño aclararon al diario nacional que el general Pedro Arnulfo Sánchez, jefe de la protección presidencial, tiene plena autonomía para tomar decisiones relacionadas con la seguridad del presidente, su familia, la vicepresidenta y otros altos funcionarios del Gobierno.

Según estas fuentes, aunque la seguridad presidencial se coordina de manera conjunta entre la Policía, la DNI y la UNP, es Sánchez quien tiene la última palabra en los cambios y ajustes dentro de los esquemas de protección.

Las mismas fuentes señalaron que los relevos en los equipos de seguridad son procedimientos habituales y que continuarán realizándose conforme a las necesidades del esquema. Además, aseguraron que personal de la UNP seguirá siendo integrado en algunos componentes de la jefatura de protección presidencial.

A pesar de que el general Sánchez está facultado para realizar modificaciones en cualquier momento, la forma en que se informó a los escoltas ha generado dudas.

Según reportaron desde la Casa de Nariño, se investigará por qué la notificación fue enviada a través de un canal no oficial y en un horario inusual, cuando la decisión estaba programada para ser comunicada formalmente el miércoles 5 de febrero por la mañana.

Además, se pudo confirmar que el mensaje fue enviado por Luis Enrique Ossa, miembro de la DNI que trabaja en la jefatura de protección presidencial. Este hecho ha llevado a cuestionar si el procedimiento utilizado fue adecuado y si se respetaron los protocolos establecidos para este tipo de decisiones.