La Policía Nacional confirmó el jueves 23 de enero que 16 firmantes de paz fueron rescatados en Tibú. Estas personas se encontraban resguardadas en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en el municipio del departamento de Norte de Santander.
El general José Luis Ramírez, jefe de servicio de la Policía Nacional, informó que cientos de uniformados de la institución llegaron a la región del Catatumbo para reforzar la seguridad ante el grave panorama de violencia y los crímenes de guerra que han dejado los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde la segunda semana de enero del presente año.
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En medio de las ayudas humanitarias entregadas en el territorio, se realizó la evacuación de los exguerrilleros. “Estuvimos en el ETCR llevando alimentación y evacuamos a 16 firmantes de paz, quienes fueron trasladados a Cúcuta”, comentó el general Ramírez en declaraciones recogidas por El Espectador.
Asimismo, explicó que uno de los objetivos principales de las operaciones en la zona es garantizar la máxima seguridad para los firmantes de paz en Cúcuta, donde estarán protegidos tras su evacuación.
Esta operación se desarrolló considerando que las personas acogidas al proceso de reinserción a la sociedad civil, tras la firma del Acuerdo de Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos —galardonado con el Premio Nobel de Paz por este logro—, han sido uno de los principales blancos de los grupos armados al margen de la ley.
De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en la última semana se confirmó el asesinato de al menos seis firmantes de paz, dentro de un saldo de casi ochenta víctimas del conflicto en la región.
El Ministerio de Defensa confirmó, por medio de sus redes sociales, el despliegue operativo de tropas del Ejército y la Policía en la región del Catatumbo, que involucra a varios municipios: “Nuestros soldados y policías están desplegados en la región del Catatumbo para proteger a las comunidades del accionar criminal del ELN y las disidencias de las FARC. Reforzamos la seguridad en Cúcuta, Tibú, El Tarra, Ocaña, entre otros, para brindar apoyo y bienestar a la población civil. ¡Su Fuerza Pública hace presencia en el territorio y aquí se va a quedar!”.
Según informó la Defensoría del Pueblo, este periodo de violencia ha dejado hasta el momento 42.000 desplazados. Solo en los municipios de Ocaña y Tibú, los albergues dispuestos de manera temporal están acogiendo a más de 13.000 personas, mientras se espera que regrese el orden a los territorios.
La entidad había solicitado en días pasados al ELN la apertura de corredores humanitarios para poder brindar atención a las comunidades atrapadas en medio del conflicto armado.
“Es fundamental la conformación de una comisión humanitaria con la que el ELN pueda hablar para acordar protocolos que faciliten continuar con las labores humanitarias y el restablecimiento de la vida social y comunitaria interrumpida por la confrontación en algunas zonas”, señaló la Defensoría del Pueblo.
Ante esta solicitud, el Frente Nororiental del ELN accedió, lo que permitió la participación de la Unidad para las Víctimas y otras entidades internacionales.
El ELN justificó su arremetida contra las disidencias de las FARC, en particular contra integrantes del Frente 33, argumentando que estas acciones buscan demostrar que la forma en la que se alzaron en armas y han afectado a la población civil está fuera de los principios y reglamentos internos de estos grupos armados:
“La operación, que desde el pasado 16 de enero se adelanta contra unidades del Frente 33, fija como objetivo único de nuestras acciones a los integrantes de este grupo armado, sus milicias y su estructura económica. Por principios políticos y humanistas, y sobre la base de nuestra legislación interna, está prohibido realizar acciones que afecten a la población no combatiente”, explicó la estructura, refiriéndose especialmente a los hombres que no se acogieron a la firma de paz y se rearmaron.
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