La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta actualmente grave crisis humanitaria con un saldo de al menos 80 muertos y más de 10.000 desplazados debido a la escalada de violencia entre grupos armados. Según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), 1.800 niños y niñas desplazados han recibido atención en un albergue en el municipio de Ocaña, donde se instaló una sala de crisis para atender a las familias afectadas. La directora del Instituto, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, calificó la situación como “un hecho sin precedentes” y destacó el impacto devastador del conflicto armado en la vida de los menores.
De acuerdo con el Icbf, la violencia en la región ha dejado profundas cicatrices en los niños y niñas, quienes enfrentan un futuro incierto debido a las consecuencias del desplazamiento forzado. Cáceres subrayó que el interés superior de la niñez debe ser una prioridad para el Estado, y enfatizó la necesidad de interrumpir el ciclo de violencia que afecta a esta generación. “Estamos aquí porque esta generación de niños necesita ayuda. Es el interés superior de ellos el que debe llamarnos al Estado a acercarnos y a cortar el circuito de guerra que se está viviendo en la región”, afirmó la funcionaria.
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La región del Catatumbo, conocida por sus extensos cultivos de coca, se convirtió en un escenario de enfrentamientos entre guerrillas, disidencias de las Farc y grupos narcos que luchan por el control del territorio y las rutas del narcotráfico. Según reportó el Ministerio de Defensa, la reciente ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra disidentes de las Farc y la población civil ha provocado asesinatos selectivos, combates y desplazamientos masivos. En este contexto, las morgues del departamento de Norte de Santander están saturadas en un 250%, según informaron las autoridades forenses.
La violencia en la región no solo afecta al Catatumbo. En el departamento de Bolívar, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo dejaron nueve muertos, mientras que en el sur amazónico, en el municipio de Calamar, los combates entre facciones disidentes de las Farc han causado la muerte de 20 personas. Estas cifras reflejan el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, a pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Gustavo Petro por alcanzar acuerdos de paz con los grupos armados.
Respuesta del Gobierno y el Icbf ante la crisis
El Gobierno colombiano desplegó más de 5.000 soldados en Norte de Santander para proteger a la población civil y combatir a los grupos armados. En helicópteros, el Ejército ha evacuado a más de 230 personas, incluidos niños, mientras que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se trasladó a la región para liderar la ofensiva militar. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, y las autoridades anunciaron una “segunda fase” de operaciones para ingresar a las zonas más afectadas.
En respuesta a la ofensiva del ELN, Petro ordenó la suspensión de las negociaciones de paz con esta guerrilla, a la que acusó de cometer “crímenes de guerra”. A través de X, el mandatario afirmó que el ELN ha adoptado tácticas propias del narcotráfico y advirtió que “ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá”. Esta decisión marca un giro en la política de Paz Total impulsada por el presidente desde su llegada al poder en 2022, la cual busca una salida dialogada al conflicto armado que ha azotado a Colombia durante más de seis décadas.
Por su parte, el Icbf intensificó su labor en la región, con equipos psicosociales que han atendido hasta 19 niños en un solo día en municipios como Acarí, Teorama y Cúcuta. Según detalló Astrid Cáceres, el instituto no solo se enfoca en brindar atención inmediata, sino también en garantizar un acompañamiento a largo plazo para las comunidades afectadas. “Nosotros no vinimos para irnos. Vamos a seguir en el territorio para acompañar a cada una de estas personas afectadas”, aseguró.
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