En la mañana del domingo 19 de enero la Defensoría del Pueblo notificó que en el municipio de Calamar, en el Guaviare, se han registrado enfrentamientos entre dos fracciones de las disidencias de las Farc: Bloque Amazonas y Estado Mayor de los Bloques. Esta situación ha desembocado en la afectación de civiles inocentes y ya se reportan muertos y heridos.
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“En Calamar, Guaviare, en la comunidad de Miravalle, se llevaron a cabo enfrentamientos entre estructuras del llamado “Bloque Amazonas”, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, y la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño, del denominado “Estado Mayor de los Bloques”, bajo el mando de alias “Calarcá”. Se reporta un alto número de personas muertas y heridos. La Defensoría del Pueblo está acompañando desde el día de ayer a la comunidad y le recuerda a los grupos armados su obligación de respetar de manera irrestricta a la población civil y el Derecho Internacional Humanitario”, se lee en una publicación de X de la Defensoría.
Disidencias Farc han crecido
Desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022, los grupos armados ilegales han expandido su influencia en Colombia, generando preocupantes impactos tanto en la población civil como en las fuerzas de seguridad. Este fenómeno ha suscitado críticas sobre la implementación de la política de “paz total” y los resultados en la consolidación del Acuerdo de Paz de 2016 firmado con la extinta guerrilla de las FARC.
Un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), publicado el 16 de enero de 2025, presenta un panorama desalentador en cuanto a la seguridad en el país. Según el documento, la estrategia de “paz total” no ha logrado frenar de manera efectiva los abusos contra la población civil, mientras que los grupos armados han encontrado nuevas oportunidades para expandir su control territorial. Este escenario refleja una evolución de la violencia hacia formas más complejas y persistentes.
HRW señala que, aunque se han establecido diálogos con grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, estos acuerdos no han frenado significativamente sus actividades criminales. Muchos de estos grupos operan en redes interconectadas y participan en conflictos armados internos, complicando los esfuerzos por lograr una solución duradera. Además, la organización subraya la falta de protección efectiva por parte de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, lo que ha dejado a la población en una posición vulnerable.
Las cifras ilustran la magnitud del problema. Para junio de 2024, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios, el ELN en 232, y las disidencias de las FARC en 299. Estas cifras representan incrementos significativos en comparación con 2022: un 55%, 23% y 30%, respectivamente. Este crecimiento ha llevado a un recrudecimiento de la violencia y el control social ejercido por estas organizaciones armadas.
El informe de HRW también denuncia el continuo reclutamiento forzado de menores de edad, con 159 casos registrados en el primer semestre de 2024. Además, más de 71.000 familias se vieron afectadas por confinamientos impuestos por los grupos armados, un aumento del 39% en comparación con el año anterior. Estos confinamientos, alimentados por el miedo a minas antipersonales, amenazas y enfrentamientos armados, reflejan el grave impacto humanitario del conflicto.
La violencia también ha desplazado a miles de personas. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 34.000 individuos fueron forzados a abandonar sus hogares entre enero y julio de 2024. Los departamentos más afectados incluyen Chocó, Cauca y Nariño, regiones que han soportado una presión constante por parte de grupos ilegales.
Otro aspecto preocupante es el asesinato de líderes sociales, con 138 denuncias reportadas en 2024. La mayoría de estos líderes eran defensores de derechos humanos y representantes de sus comunidades, lo que evidencia los riesgos inherentes al activismo social en un contexto de conflicto armado.
HRW también criticó la relación del presidente Petro con los medios de comunicación y los periodistas. Según el informe, el mandatario utilizó redes sociales para deslegitimar a medios percibidos como críticos de su gestión, a pesar de haber emitido una instrucción presidencial para garantizar la libertad de prensa. Este comportamiento contradice los principios que su administración se comprometió a defender y ha generado preocupaciones sobre el respeto a la libertad de expresión.
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