
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda interpuesta por el concejal de Bogotá Julián Sastoque contra el presidente Gustavo Petro. La demanda exige el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), específicamente en lo relacionado con la actualización de la Política Nacional de Salud Mental.
Sastoque, perteneciente al partido Verde, criticó la falta de acción del Gobierno nacional en un tema crucial para el bienestar de millones de colombianos, tal como se establece en el artículo 166 del PND. Este artículo establece la necesidad de actualizar y mejorar la política pública de salud mental, con un enfoque poblacional, intersectorial y territorial, lo cual, según el cabildante, aún no se ha materializado a pesar de haber transcurrido más de la mitad del mandato presidencial.
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“Es el colmo que tengamos que demandar al presidente para que cumpla lo que ellos mismos propusieron en su Plan de Desarrollo. Ya pasó más de la mitad del ‘gobierno del cambio’ y no le han cumplido al país con la actualización de la política pública nacional de salud mental. Esa que él mismo (el presidente) planteó en el artículo 166 del PND”, afirmó el concejal Sastoque en un video compartido en sus redes sociales.
El concejal subrayó que este incumplimiento no solo afecta la salud de los colombianos, sino que también refleja una desconexión entre las promesas gubernamentales y los resultados concretos. Según Sastoque, la situación requiere de una actualización inmediata de la política, que debe abordarse con una perspectiva más amplia, integrando distintas áreas y territorios para garantizar una atención más efectiva.
El contexto de la demanda se encuentra respaldado por cifras alarmantes sobre la salud mental en Colombia. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente un 5% de los colombianos sufren de depresión. A esta preocupante cifra se suman los datos del Ministerio de Salud, que reportan 40.850 casos de intentos de suicidio durante el año 2023. Las principales causas de estos intentos estuvieron vinculadas a problemas familiares, que representaron el 36,4% de los casos, seguidas de los conflictos con parejas o exparejas, con un 27,1%.
El concejal Sastoque también destacó la falta de consulta y participación de la sociedad civil en las decisiones relacionadas con la salud mental. Según él, el Gobierno de Petro ha actuado de manera casi unilateral, sin una consulta efectiva con las asociaciones de pacientes, profesionales de la salud ni la ciudadanía en general. Esta falta de inclusión ha generado frustración entre los actores clave del sistema de salud, quienes exigen que se tomen en cuenta sus opiniones y propuestas para diseñar una política más acorde con las necesidades reales de la población.

“Claro que se necesita la participación de la sociedad civil en los temas de salud, pero también se exigen resultados, porque a la actualización de la Política Pública Nacional de Salud Mental no le puede pasar como a tantas otras cosas en el Gobierno Petro, mucho ruido y pocas nueces”, comentó Sastoque.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó que los abogados del presidente, o incluso el propio Gustavo Petro, tienen un plazo de tres días para solicitar la práctica de las pruebas que consideren necesarias. En cuanto a la decisión final sobre la demanda, el tribunal indicó que será tomada dentro de los 20 días siguientes a la admisión de la acción judicial.

Además, la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también es posible si se considera pertinente, según lo dispuesto por el tribunal, cuya decisión podría marcar un precedente importante en la forma en que el Gobierno colombiano aborda la salud mental y la efectividad de las políticas públicas en este sector.
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