Ante el polémico acto de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025 en Venezuela, las autoridades colombianas ya están reforzando el pie de fuerza en las zonas fronterizas como una medida preventiva para evitar cualquier situación de orden público que pueda afectar la estabilidad de los colombianos, a pesar de que no se ha alertado sobre posibles incidentes.
Los departamentos de Cauca, Norte de Santander y La Guajira son territorios vulnerables a la acción de grupos criminales, como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que utilizan los corredores fronterizos entre ambos países para cometer actos ilegales, tales como el transporte de contrabando, sustancias estupefacientes, armas de fuego y, en algunos casos, el traslado de personas secuestradas.
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Refuerzo en Arauca
El alcalde de Arauca, Juan Quezada, explicó que se ha dispuesto a miembros de la fuerza pública en la orilla del río que demarca la frontera entre Colombia y Venezuela, con el fin de proteger a ciudadanos extranjeros que puedan sentirse amenazados por simpatizantes del chavismo.
“En Arauca capital vamos a garantizar la seguridad de los ciudadanos venezolanos que puedan ser violentados por el régimen de Maduro. Como alcalde, junto a la fuerza pública, no permitiremos la invasión o intromisión en nuestra frontera”, afirmó en diálogo con Semana.
Puesto de Mando Unificado en Norte de Santander
Con el mismo objetivo, desde la Gobernación de Norte de Santander se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), cuya principal tarea será vigilar el desarrollo de la jornada protocolaria y política del viernes 10 de enero en el vecino país.
En un comunicado oficial, la entidad expresó: “tenemos la experiencia y la capacidad para enfrentar escenarios complejos en la frontera. Este puesto de mando nos permitirá coordinar las decisiones necesarias para responder de manera eficaz a situaciones como cierres fronterizos, restricciones de transporte o posibles flujos masivos de personas”.
Esta labor estará respaldada por la participación de miembros de la Defensa Civil, la Procuraduría, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar una respuesta integral ante cualquier eventualidad.
En relación con posibles repercusiones en La Guajira, se informó que el secretario de Gobierno, Alain Andrioly, advirtió que, en caso de presentarse inconvenientes durante el acto de posesión presidencial en Venezuela, esta región podría ser una de las más afectadas. Por esta razón, se implementarán medidas preventivas.
“Entendiendo que el 10 de enero hay un evento político en el vecino país y que nosotros somos los principales afectados en caso de algún inconveniente, solicitamos la ampliación del pie de fuerza, decretaremos ley seca y convocaremos al PMU”, declaró Andrioly. Asimismo, anunció la restricción en el consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Maicao desde el jueves 9 de enero hasta el sábado 11 del mismo mes.
Por su parte, el Ejército Nacional pondrá a disposición más de 3.700 soldados en los cruces fronterizos para garantizar la seguridad de los colombianos y de los migrantes que residen en el país. Este despliegue se centrará en las zonas de mayor impacto, que podrían verse afectadas dependiendo de los acontecimientos que ocurran en Venezuela durante el acto de posesión.
Varias han sido las reacciones a favor y en contra sobre las decisiones del Gobierno nacional con respecto a la presencia de funcionarios en el evento. El embajador de Colombia en Venezuela confirmó su presencia al acto protocolario, mientras que el presidente Gustavo Petro afirmó que no asistirá por varios hechos que van en contra de las formas de proceder.
“Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”, expresó el primer mandatario colombiano.
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