Exigen respuestas a Petro por falta de dinero para implementar el Acuerdo de Paz: “Menos pronunciamientos, más acciones”

La situación fiscal del Estado colombiano tiene en problemas a varias entidades, ministerios, dependencias y organizaciones, que no tienen los suficientes recursos para operar y garantizar el cumplimiento de sus compromisos de pago. Los proyectos implementados para dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las antiguas Farc hacen parte del largo listado de afectados.

Pues, de acuerdo con varias organizaciones firmantes del acuerdo en cuestión, que emitieron un comunicado el 7 de enero de 2025 compartido por el Partido Comunes, la crítica situación tiene a miles de excombatientes y contratistas esperando los desembolsos del Ministerio de Hacienda. Hasta el momento, no han recibido los recursos por concepto de renta básica y de asignación mensual. Tampoco cuentan con el suministro de alimentación al que tienen derecho.

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Estas ayudas económicas, según las organizaciones, serían el único ingreso que tienen los exguerrilleros que dejaron las armas, debido a las fallas en la implementación del acuerdo, que han impedido su debida reincorporación.

“Afectan gravemente la calidad de vida de las personas en proceso de reincorporación y sus familias, pues luego de ocho años de incumplimiento del Acuerdo Final de Paz y la ausencia de una política integral de reincorporación, estos recursos se han convertido en el único sustento para más de doce mil familias en este proceso”, precisaron en el comunicado.

Además de eso, hay retrasos e incumplimientos por parte del Gobierno nacional en la entrega de tierras, así como en la entrega de activos productivos utilizados para el sostenimiento de proyectos económicos. Igualmente, hay problemas en la implementación de las propuestas que yacen en el proyecto del Ministerio de Justicia que busca poner en ejecución las “Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria”.

Esta iniciativa está contenida en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4094 y, de acuerdo con las organizaciones, es una especie de “reencauche” de lo que llaman “Colonias Agrícolas”, necesarias para el pago de sanciones que fueron impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En consecuencia, solicitaron que se derogue el documento Conpes, puesto que, desde su perspectiva, no está alineado con la ley estatutaria de la JEP, resaltando así un “desconocimiento” de lo pactado entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

Asimismo, insistieron en que hasta ahora está empezando la reincorporación real de los excombatientes, teniendo en cuenta que el Sistema Nacional de Reincorporación apenas fue aprobado y que el Programa de Reincorporación Integral está en etapa de formulación. Eso quiere decir que no ha habido un verdadero cumplimiento de lo acordado con los exguerrilleros.

“Instamos al Gobierno nacional, al Ministerio de Hacienda, al Fondo Colombia en Paz, a los países garantes del Acuerdo de Paz y las diferentes entidades encargadas de la Reincorporación a garantizar la implementación de lo acordado y a hacer efectivo el desembolso de los recursos necesarios para superar esta grave situación, los exhortamos a garantizar sus palabras con hechos, la Paz Total necesita coherencia entre el discurso y las acciones”, indicaron.

Por su parte, el Partido Comunes aseguró que la situación fiscal del Estado no debe afectar la ejecución de proyectos y demás compromisos que surgieron tras la firma del acuerdo. “Presidente @petrogustavo, entendemos las dificultades económicas, pero estas no pueden justificar que los y las exguerrilleras del Acuerdo Final de Paz vivan en incertidumbre económica. Insistimos: ¡Menos Pronunciamientos, más acciones!”, aclaró.

Según las organizaciones firmantes, los problemas económicos del Estado son consecuencia de un déficit fiscal heredado de administraciones de derecha anteriores y de actos de corrupción que afectaron gravemente el erario. También habría tenido injerencia el archivo de la ley de financiamiento del Gobierno Petro en el Congreso de la República, que prometía dar un generoso aporte al Presupuesto General de la Nación para 2025.