Colombia implementa el Sistema Nacional de Justicia Familiar para combatir la violencia intrafamiliar y proteger a los más vulnerables

El Decreto 1574 de 2024, promulgado el 24 de diciembre, marca un hito en la justicia colombiana al establecer el Sistema Nacional de Justicia Familiar, una estrategia que busca priorizar la atención de casos de violencia intrafamiliar y garantizar la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Esta medida responde a un preocupante aumento en los índices de violencia intrafamiliar, que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa y Medicina Legal, se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad en el país.

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El informe Forensis, citado por El Tiempo, reveló que las valoraciones medicolegales relacionadas con violencia intrafamiliar han crecido un 14 % anual.

En particular, los menores de edad han sido las principales víctimas, con un incremento en la tasa de casos del 43.4 % al 57 %. Asimismo, el maltrato hacia los adultos mayores también mostró un aumento significativo, con un alza de siete puntos porcentuales. Frente a este panorama, el nuevo sistema busca ofrecer una respuesta más ágil y efectiva para restablecer los derechos de las personas más vulnerables.

El Sistema Nacional de Justicia Familiar se fundamenta en un enfoque integral que combina avances tecnológicos, coordinación interinstitucional y una perspectiva diferencial. Entre las principales innovaciones se encuentra la implementación del expediente digital, que permitirá agilizar los procesos judiciales y garantizar un sistema de reparto más eficiente.

Además, se fortalecerá la interoperabilidad tecnológica, lo que posibilitará el intercambio de datos en tiempo real entre las entidades involucradas, mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones de vulneración de derechos.

El decreto también establece la creación de la Comisión Intersectorial de Justicia Familiar, un organismo que, según detalló El Tiempo, actuará como un puente entre ministerios, entidades territoriales y organismos de justicia.

Este enfoque busca garantizar una atención coordinada y oportuna, especialmente en casos de violencia contra menores de edad, donde se facilitará la colaboración con los juzgados de familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La comisión también promoverá la articulación con autoridades tradicionales indígenas y otros actores clave en la protección de los derechos familiares.

En términos de infraestructura y capacitación, el decreto contempla la modernización de las sedes de defensorías y comisarías de familia, así como la formación constante de los funcionarios encargados de atender estos casos. Según consignó La FM, estas medidas buscan garantizar servicios de calidad y eliminar barreras que dificulten el acceso a la justicia para las familias más vulnerables.

El enfoque diferencial es otro de los pilares del Sistema Nacional de Justicia Familiar. Según informó El Tiempo, la normativa incorpora una perspectiva de género y un enfoque interseccional, adaptando sus acciones a la diversidad de las familias colombianas y priorizando la atención a grupos históricamente marginados. Este enfoque busca no solo atender las dinámicas de los conflictos familiares, sino también prevenir su escalamiento y garantizar la protección integral de los derechos de las personas afectadas.

El Ministerio de Justicia, entidad encargada de liderar la implementación del sistema, destacó que esta iniciativa transforma la manera en que se entiende y garantiza la justicia familiar en Colombia.

Según declaraciones recogidas por El Tiempo, el decreto “fortalece los lazos que sostienen nuestra sociedad” y prioriza la atención integral de niñas, niños, adolescentes y otros sujetos de especial protección constitucional. Además, se espera que esta medida contribuya a reducir los índices de violencia intrafamiliar y a consolidar un sistema de justicia más accesible y equitativo.

El Decreto 1574 de 2024, que reglamenta el artículo 203 de la Ley 2294 de 2023, ya está en vigor desde su expedición. Según La FM, esta normativa representa un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial colombiano y el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos. Con la implementación de este sistema, el país busca no solo atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas, sino también sentar las bases para una sociedad más justa y equitativa.