No aparecen más de 400 bienes destinados a la reparación de víctimas: fueron entregados por exparamilitares de las AUC

Hay millones de víctimas del conflicto armado en Colombia que esperan ser reparadas mediante la entrega o monetización de bienes por parte del Estado colombiano. De ahí la importancia del trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que nació en enero de 2012 a partir de la Ley 1448, enfocada en la restitución de tierras.

Por eso, la actual directora de la institución, Lilia Solano, se reunió con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, para acelerar los procesos de extinción de dominio de varios bienes que se necesitan para dar garantías de reparación de los ciudadanos que lo requieren. Pues, de 3.398 bienes que ha recibido el Fondo para la Reparación, solo 580 tienen extinción de dominio.

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“Nos reunimos con la señora fiscal para solicitarle apoyo con los fiscales a cargo, para que a través de ellos, se le pida a las salas de Justicia y Paz, que den celeridad al trámite de extinción de dominio de los bienes que faltan, ya que surtiendo este paso, desde la Unidad podemos monetizarlos para reparar a las víctimas incluidas en las sentencias”, precisó la directora de la institución, citada en un comunicado.

Pero este no es el único problema que actualmente tiene la Unidad para continuar con su labor. Hay 411 bienes que fueron entregados por 10 exparamilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), nombrados gestores de paz por el presidente Gustavo Petro, que no aparecen registrados en el inventario del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

En consecuencia, Solano solicitó ayuda a la Fiscalía General de la Nación para encontrar los predios que no están documentados en el listado oficial, así como para identificar presuntos casos de corrupción en la entidad, que hubieran influido en la falta de registro de los bienes. El 13 de enero de 2025, la directora de la Unidad para las Víctimas y la fiscal General se reunirán nuevamente para hacer seguimiento a su ubicación y a las posibles irregularidades cometidas en administraciones anteriores.

Además de esto, la entidad enfrenta dificultades debido a la ocupación no autorizada de bienes, puesto que hay 1.383 bienes que se encuentran en ese estado, lo que implica responsabilidades de carácter administrativo y económico que deben asumir desde la Unidad, traduciéndose así en un detrimento de los recursos públicos asignados a la institución para reparar e indemnizar a las víctimas.

“Recordemos que hay 10 millones de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas, que hay 1.050 sujetos de reparación colectiva, es decir, organizaciones, movimientos, sindicatos, y también tenemos miles de colombianos en el exilio que requieren de esta ruta de la reparación y de la indemnización”, precisó la funcionaria ante los medios de comunicación.

Así las cosas, Solano hizo una solicitud escrita y formal a la Fiscalía para que contribuya a la resolución de las problemáticas. La información que brinde será contrastada con datos solicitados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el fin de continuar garantizando la reparación de las víctimas en Colombia.

Tanto la Unidad para las Víctimas como la Fiscalía trabajarán de manera conjunta para avanzar en una hoja de ruta que permita superar todas las dificultades que hay en materia de ocupación y ubicación de bienes, así como en los procesos de extinción de dominio.

“La Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso con las víctimas del conflicto armado en Colombia y destaca que, con la cooperación de la Fiscalía General de la Nación, se seguirá trabajando de manera articulada para resolver estos problemas y garantizar que los recursos destinados a la reparación sean utilizados de forma efectiva”, precisó la Unidad para las Víctimas en el comunicado.