El reciente rechazo de la ley de financiamiento en el Congreso de Colombia dejó en incertidumbre el futuro de las tarifas de energía en la región del Caribe, según lo aseguró el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.
La reforma tributaria, que buscaba recaudar aproximadamente 9,8 billones de pesos, incluía una medida para asumir la deuda de la opción tarifaria, un mecanismo que había congelado las tarifas eléctricas para los estratos más bajos durante la pandemia.
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Sin la aprobación de esta ley, el Gobierno enfrenta un presupuesto desfinanciado para 2025 y la posibilidad de asumir una deuda que ya asciende a cinco billones de pesos queda en duda.
El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, expresó que el hundimiento de la reforma representa un golpe significativo para los usuarios de energía, especialmente en el Caribe.
“Han hundido con la #LeyDeFinanciamiento la posibilidad de asumir la deuda de opción tarifaria, el congreso propina duro golpe a los usuarios de energía en Colombia, especialmente en el Caribe”, fue el mensaje publicado por el ministro Andrés Camacho en su cuenta de X.
Según Camacho, la medida propuesta en la reforma permitiría al Gobierno asumir la deuda generada por la opción tarifaria, evitando así que el costo se trasladara a los usuarios a través de sus facturas. Sin embargo, con la caída de la ley, las empresas comercializadoras de energía y sus usuarios enfrentarán dificultades financieras.
La opción tarifaria fue implementada durante el gobierno de Iván Duque como una estrategia para aliviar el impacto económico de la pandemia en los hogares de estratos 1 y 2, congelando las tarifas eléctricas. Sin embargo, con el tiempo, esta medida generó problemas de flujo de caja para las empresas de energía, ya que la deuda acumulada se sigue cobrando a los usuarios.
María Alejandra Buitrago, abogada en asuntos tributarios, señaló que la falta de un mecanismo para asumir esta deuda implica que el pago continuará realizándose a través de las tarifas del servicio, afectando considerablemente a las empresas comercializadoras.
“A través de la reforma se pretendía incluir una medida para que la nación asumiera la deuda generada por el mecanismo de la opción tarifaria. Con el hundimiento del proyecto, queda en duda cómo se va a asumir esa deuda por parte del Gobierno nacional que ahora ascienda casi $5 billones en su totalidad”, dijo la experta a La República.
La incertidumbre sobre cómo el Gobierno podría asumir esta obligación persiste, especialmente tras el rechazo de la reforma en las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes.
“En tanto no se cree este mecanismo, el pago de esta deuda seguirá efectuándose a través de la tarifa del servicio a los usuarios, y seguirá afectando de manera considerable el flujo de caja de las empresas de comercialización de energía al no poderle trasladar a los usuarios el costo”, agregó la abogada.
Además de la opción tarifaria, el hundimiento de la Ley de Financiamiento también impacta otros programas del Ministerio de Minas, como el proyecto ‘Colombia Solar’, que buscaba financiar la instalación de paneles solares en hogares de estratos bajos. Este programa pretendía democratizar el acceso a la energía y generar ahorros fiscales significativos para 2030.
Otros expertos, como el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta se pronunciaron sobre este hecho que causó revuelo en el mundo político colombiano, indicando que el gobierno se demoró en asumir dicha deuda y que ahora no puede culpar al Congreso por el hundimiento de la ley de financiamiento.
“Estamos en diciembre y el anuncio del presidente Petro y del propio Ministro de Minas de que la Nación asumiría la deuda por concepto de la opción tarifaria fue en el mes de mayo. Así las cosas, cabe preguntarse si es el Congreso el responsable del golpe propinado a los usuarios de energía en Colombia”, indicó.
El rechazo de la reforma tributaria no solo afecta a los usuarios de energía, sino que también obliga al Gobierno a realizar recortes en el presupuesto nacional para el próximo año. La situación plantea un desafío considerable para el Ejecutivo, que deberá buscar alternativas para mitigar el impacto económico en los sectores más vulnerables de la población.
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