
Audifarma S.A., el mayor operador farmacéutico de Colombia, ha solicitado formalmente a la Superintendencia de Sociedades iniciar un proceso de reorganización empresarial para enfrentar los graves problemas financieros que afectan al sector salud.
La medida de reoganización empresarial presentada por Audifarma, registrada el 25 de noviembre de 2024, tiene como objetivo asegurar la estabilidad de la compañía mientras se reestructura su situación económica.
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Diego Fernando Díaz, representante legal de la empresa, firmó la petición, que busca proteger sus operaciones y normalizar las relaciones comerciales y crediticias.
Según lo establecido por la ley, Audifarma cuenta con un periodo de cuatro meses para negociar acuerdos con sus acreedores. Durante este lapso, los pagos de las deudas quedarán suspendidos, lo que permite que la empresa continúe operando bajo las condiciones actuales. Este procedimiento también abarca la relación con EPS intervenidas como Sanitas y Nueva EPS, así como con clínicas y hospitales que dependen de su suministro de medicamentos.
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Los estados financieros de Audifarma reflejan la gravedad de su situación. A finales de 2023, la empresa reportó pasivos corrientes por $774.399 millones, de los cuales el 57 % corresponde a cuentas por pagar. Además, los resultados negativos se han acumulado desde 2019, con costos causados que superan significativamente a los costos pagados, alcanzando una brecha de $957.300 millones.
En paralelo, el sistema de salud adeuda a Audifarma más de $600.000 millones. A pesar de esta carga, la compañía ha continuado operando. En octubre, la Superintendencia de Salud lideró un acuerdo de conciliación de pagos entre Nueva EPS y Audifarma, junto con un plan para garantizar la distribución de medicamentos a los afiliados. Este esfuerzo busca mantener el acceso de millones de usuarios a los servicios esenciales.
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La reorganización empresarial se presenta como una estrategia clave para preservar la operatividad de Audifarma en un sector cada vez más afectado por la crisis financiera. La medida permitirá a la empresa enfocarse en superar sus dificultades económicas, evitando el colapso de una de las principales cadenas de suministro farmacéutico del país.
Demanda al Gobierno por desabastecimiento de medicamentos
Por los problemas de desabastecimiento de medicamentos en Colombia, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ahora se enfrentan a una demanda instaurada por Fundación para el Estado de Derecho.
Este problema de desabastecimiento no solo afecta a los pacientes que dependen de estos medicamentos, sino que también ha generado preocupaciones sobre los riesgos para la salud pública en general.
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El desabastecimiento de medicamentos ha sido un tema recurrente en los últimos meses en Colombia, por lo que han aumentado denuncias.
Por lo anterior, la Fundación para el Estado de derecho Colombia presentó una demanda legal contra el Gobierno, acusando a las entidades responsables de no tomar medidas efectivas para mitigar la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, lo que amenaza los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Según la organización, la falta de recursos financieros y las demoras en los trámites de registros sanitarios por parte del Invima han exacerbado la situación, afectando la disponibilidad y accesibilidad del servicio público de salud.
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Andrés Caro, director de FEDe. Colombia destacó que la crisis ha impactado negativamente los criterios de eficiencia y oportunidad en la prestación de servicios de salud.
La Fundación ha realizado un análisis detallado de reportes que muestran un agravamiento de la crisis debido a problemas estructurales, como la insuficiencia de recursos en las EPS y la falta de asignación adecuada de los Presupuestos Máximos.
“Es claro que los elementos de disponibilidad y accesibilidad, y los criterios de eficiencia y oportunidad en la prestación del servicio público de salud, resultan afectados a raíz del desabastecimiento de medicamentos e insumos”, aseguró Caro.
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El desabastecimiento ha afectado el financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que repercute directamente en la provisión de medicamentos incluidos en los Planes de Beneficios en Salud (PBS). Aunque el Invima implementó un plan de emergencia, su carácter no vinculante tras una apelación que revocó medidas cautelares ha generado incertidumbre.
La Procuraduría General de la Nación solicitó medidas cautelares para regular los precios de medicamentos e insumos médicos, pero el Consejo de Estado las revocó por falta de correspondencia directa con las pretensiones de la acción. La demanda de FEDe. Colombia incluye varias pretensiones para corregir la crisis, como la atención oportuna de las solicitudes de registros sanitarios por parte del Invima y garantizar el flujo de recursos entre el Gobierno y las EPS.
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