La solicitud del abogado Mauricio Pava, que defiende los intereses del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que fue acusado por su exasesora María Alejandra Benavides de haber sido el direccionador de contratos al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en favor de una serie de congresistas, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), desencadenó una serie de reacciones en las redes sociales.
Pava, que también es abogado del presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó una reunión con la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para conocer cuál es la situación jurídica de su defendido. De acuerdo con el letrado, es necesaria esta reunión para que, en su papel, pueda analizar de manera integral los elementos del proceso que involucra al ministro, que ha salido en sus redes sociales a desestimar los señalamientos que han recaído sobre sus actuaciones.
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Lo anterior, tras conocerse por intermedio de Noticias Caracol los audios de la declaración dada por Benavides ante la Fiscalía General de la Nación, en la que responsabilizó al miembro del gabinete de haber presuntamente orquestado, junto al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, lo que habría sido la compra de votos a los legisladores, para que aprobaran multimillonarios créditos solicitados por Bonilla y que, según la denuncia, eran claves para el Ejecutivo.
“Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, expresó la exasesora en la diligencia que cumplió ante el ente acusador, en lo que respecta a la entrega tres contratos por $92.000 millones, en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca), y en Carmen de Bolívar (Bolívar), y que beneficiarían a seis parlamentarios.
Son ellos los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar, y los representantes Julián Peinado, Karen Manrique y Wadith Manzur, al igual que el exmiembro del Congreso, Juan Diego Muñoz, que son actualmente investigados por la Corte, por el presunto delito de cohecho impropio. En un caso que tomó fuerza tras las declaraciones del exdirector de la Ungrd Olmedo López, que fue el primero en hablar ante la Corte, el 25 de julio de 2024.
Exfiscal Francisco Barbosa se despachó contra defensa del ministro Ricardo Bonilla
Frente a esta solicitud, el ex jefe del órgano de investigación judicial, que dirigió la entidad entre 2020 y 2024, tras ser elegido por la Corte Suprema, de la terna propuesta por el entonces presidente de la República Iván Duque Márquez, se refirió a esta petición. Y recordó que personas que estén siendo objeto de indagaciones por parte el organismo no están facultadas para hacer este tipo de trámites, pues el rol de los fiscales “es investigar, no discutir sus casos”.
“Los investigados no pueden pedir reuniones a la Fiscalía General. El rol de los fiscales es investigar, no discutir sus casos con los posibles imputados. Ningún fiscal puede prestarse para eso. El ministro de Hacienda tiene que entender que la rama judicial es autónoma e independiente”, refirió Barbosa, en su perfil de X, con respecto a esta situación, con lo que encendió el debate entre quienes están de acuerdo con su postulado, y los que salieron a atacarlo por sus posturas.
Con este mensaje, el extitular del ente acusador reafirmó sus cuestionamientos contra Bonilla, así como lo había hecho en la jornada del domingo 1 de diciembre de 2024, cuando con duros señalamientos emitidos desde las plataformas digitales, calificó como una “vagabundería” la forma en que el primer mandatario ha protegido a sus funcionarios pese a las graves acusaciones.
“Siempre es la misma vagabundería en este gobierno de Gustavo Petro. Cuando no es golpe blando para él, es entrampamiento para sus funcionarios. Debería recordar que son los mismos miembros de su Gobierno los que se están delatando unos con otros. El entramado criminal de la corrupción debe terminar en el 2026″, indicó Barbosa.
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