Dos meses después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer la intención de implementar una especie de ‘ley de tercios’, que en otras palabras sería la asignación del 33,3% de pauta oficial a medios alternativos, comunitarios y digitales, el jefe de Estado firmó la directiva 011, del 22 de noviembre de 2024: con la que se entregará, a partir del 1 de enero de 2025, dicho porcentaje a los portales web, espacios radiales y demás espacios de creación de contenido.
“La ley de los tercios es que de la pauta oficial una tercera parte va a los medios en redes”, otra tercera parte a los medios tradicionales y la última parte a los medios alternativos”, expresó el jefe de Estado el 12 de septiembre, durante el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, denominado Uniendo Voces, celebrado en Armenia. Y en el que participó, entre otros, el controversial analista político español Juan Carlos Monedero.
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¿A quiénes beneficiará la determinación del Gobierno Petro?
La directiva, que fue dirigida a los miembros de los departamentos administrativos y, en ese orden de ideas, entidades del sector central y descentralizado del Ejecutivo, busca el “fortalecimiento de la divulgación de información pública a través del servicio público de radiodifusión sonora comunitaria y de televisión comunitaria”. O al menos es lo que se leyó en el enunciado del documento, al que tuvo acceso Infobae Colombia.
“A partir del 2025, las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional procurarán, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales, destinar una partida correspondiente al 33.3% de los recursos asignados para los Planes de Medios y/o Comunicaciones, para la divulgación de información oficial, campañas institucionales de interés y contenido social a través del servicio público de radiodifusión sonora comunitario y de televisión comunitaria”, se precisó.
Del mismo modo, con la publicidad oficial se buscaría beneficiar a medios de comunicación alternativos, radiodifusión digital y nuevas tecnologías. “Lo anterior se aplicará sin perjuicio de la observancia del Estatuto de Contratación Pública y de las directrices de austeridad del gasto público contempladas en el Decreto 199 de 2024 o las normas que lo modifiquen o sustituyan”, se agregó en la directiva.
La divulgación de la resolución generó, como era de imaginarse, algunas reacciones en las redes sociales, entre quienes han cuestionado los verdaderos objetivos de la determinación, y los que defienden la iniciativa de Petro, que buscaría fortalecer redes de información afines a su Gobierno, para combatir lo que sería la “desinformación” de los medios tradicionales; una postura que, incluso, defiende el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DPS), Gustavo Bolívar.
“Tiene que ver con un cambio en las comunicaciones. El Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes. Todos los influencers han tenido mucha más credibilidad y la gente está empezando a mirar noticias, es a través de ellos. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN, Semana –terrible–, pues han dado resultado, y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están voleándole al presidente”, dijo Bolívar.
Tras conocerse esta estrategia, revelada por Semana, durante la COP16 en Cali (Valle del Cauca), el funcionario denunció que habría sido filtrado, y que además se tergiversaron sus palabras, pues según en su defensa, “fueron puestas palabras que jamás salieron de su boca”. De hecho, en un comentario anterior, el funcionario afirmó que estaba dispuesto a contratar creadores de contenido para promocionar las “buenas nuevas” del Gobierno del Cambio.
“¿En qué parte de los códigos penales o disciplinarios dice que darle trabajo a los influencers es delito? ¿En qué parte dice que quienes se dedican a las redes sociales no pueden trabajar? ¿Todos los gobiernos han gastado miles de millones en publicidad y el nuestro no puede contratarlos para sus comunicaciones?”, expresó Bolívar en una primera publicación, del 9 de agosto, en la que defendió este modelo de contratación.
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