En una decisión clave dentro del sistema de justicia transicional colombiano, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el llamado a juicio contra el exrepresentante a la Cámara por Caquetá, Luis Fernando Almario Rojas.
El excongresista enfrentará cargos por crímenes de lesa humanidad relacionados con el asesinato de líderes del grupo político turbayista, incluyendo el magnicidio de Diego Turbay Cote, Inés Cote y cuatro de sus acompañantes, así como el secuestro de Rodrigo Turbay Cote.
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En su determinación, la JEP declaró la nulidad parcial de las acusaciones iniciales formuladas por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la jurisdicción. Sin embargo, rechazó la solicitud de nulidad del juicio transicional asegurando un juicio justo mientras se otorga pleno acceso a las pruebas y al expediente digital a los representantes judiciales de las 40 víctimas indirectas acreditadas de manera definitiva en el proceso.
“La UIA se excedió en el ejercicio de su competencia de acusación y, al agregar hechos que no guardan una coherencia fáctica razonable ni evidente con los presentados inicialmente, se afectaron los derechos del acusado”, indicó la JEP en su fallo, quedando limitada la acusación, exclusivamente a asesinatos y secuestros puntualmente señalados por el tribunal de paz.
Los crímenes atribuidos a Almario
El excongresista Luis Fernando Almario Rojas es señalado de ser el presunto determinador de la masacre ocurrida el 29 de diciembre de 2000, en la que fueron asesinados Diego Turbay Cote, entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes; su madre, Inés Cote de Turbay; y cuatro acompañantes: Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, y Dagoberto Samboní Uni. La masacre fue atribuida a la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc.
Además, Almario enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en el secuestro de Rodrigo Turbay Cote en 1995 y el de Benjamín Herrera Londoño en 2002. A pesar de estas graves imputaciones, el excongresista ha sostenido su inocencia desde que se sometió voluntariamente a la JEP en julio de 2020, rechazando cualquier implicación en los hechos.
El proceso judicial contra Almario Rojas ha pasado de una etapa inicial de diálogo a una fase adversarial. La Sala de Reconocimiento de la JEP consideró suficiente la información recolectada durante las audiencias, en las que se escucharon las versiones de Almario y de las víctimas, así como las pruebas presentadas por la Fiscalía. Un video público de 2011, en el que exguerrilleros vinculaban al excongresista con los crímenes, fue clave en la apertura de esa nueva etapa.
Con la remisión del caso a la Unidad de Investigación y Acusación, se estableció un juicio bajo un enfoque adversarial, en el cual Almario, las víctimas y la Procuraduría presentaron sus pruebas ante el tribunal de paz. Si el excongresista es declarado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
Un caso emblemático para la justicia transicional
El caso de Luis Fernando Almario representa un desafío y una oportunidad para la JEP, toda vez que esta jurisdicción busca esclarecer uno de los episodios más graves y representativos del conflicto armado en Caquetá. Según lo expresado por los magistrados, “un hecho de esta envergadura es precisamente la clase de casos que debe ser esclarecido por esta jurisdicción, sea para exonerar a quien ha sido falsamente implicado como determinador o para declarar, más de veinte años después de sucedidos los hechos, su responsabilidad”.
Con la fecha del juicio pendiente de ser definida, las expectativas de las víctimas y la sociedad colombiana se centran en el proceso que podría brindar justicia y verdad en torno al exterminio del grupo político turbayista, una de las familias más influyentes de la región.
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