La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental Mauricio Cabrera Leal, quien actualmente desempeña las funciones de la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la suspensión del proceso de otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto Komodo X-1, destinado a la exploración de gas natural en el bloque COL-1 del mar Caribe, según informó la Procuraduría.
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El ente de control ha señalado que Cabrera Leal no habría presentado pruebas que justificaran la solicitud de detener el proyecto.
Además, se le acusa de no haber convocado al Consejo Técnico Consultivo para el estudio del caso desde el 30 de julio de 2024. Esta falta de acción podría haber influido en la decisión de suspender el proyecto sin el respaldo necesario, según la Procuraduría.
La investigación también incluye al director general y a la subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Rodrigo Elías Negrette Montes y Ana María Llorente Valbuena.
Según la Procuraduría, Negrette Montes podría haber omitido su responsabilidad de presentar el análisis del proyecto al Consejo Técnico Consultivo, mientras que Llorente Valbuena es señalada por posiblemente haber suspendido el procedimiento administrativo para la licencia ambiental sin justificación adecuada el 26 de julio de 2024.
El 30 de octubre, Ecopetrol decidió suspender temporalmente el proyecto de exploración Komodo-1 en el Caribe colombiano, debido a la incertidumbre sobre la obtención de la licencia ambiental necesaria para su desarrollo.
Esta decisión fue comunicada al Congreso de la República, donde se detalló que la suspensión se mantendrá hasta que se aclare el estado del trámite de licenciamiento ambiental.
La petrolera, en colaboración con la empresa OXY, tenía como objetivo explorar y eventualmente explotar hidrocarburos en el mar Caribe.
Sin embargo, la falta de claridad en el proceso de licenciamiento ha llevado a la empresa a reevaluar los efectos financieros de esta medida, considerando los compromisos adquiridos con socios y terceros involucrados en el proyecto. Según Ecopetrol, se están evaluando las consecuencias financieras caso por caso para mitigar los impactos de la suspensión.
El proyecto Komodo-1, que estaba programado para ejecutarse entre 2024 y 2025, se ve afectado por esta decisión. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, había mencionado previamente que se emitiría un concepto favorable para la continuación del proyecto en los próximos días. Sin embargo, este anuncio no se ha concretado, y el proceso de licenciamiento sigue sin resolverse.
Muhamad explicó que la exploración de Komodo-1 está prevista para dentro de nueve años, lo que permite tiempo suficiente para evaluar cuidadosamente los impactos.
“Aquí no veremos la primera extracción de gas hasta dentro de 10 u 11 años. Este no es el proyecto inmediato que va a generar una incapacidad de la brecha del suministro de gas”, aseguró la ministra.
La suspensión del proyecto también afecta los planes de Ecopetrol de adquirir la subsidiaria BlackRock de OXY, en un esfuerzo por fortalecer las operaciones de fracking, una técnica en la que ambas empresas están interesadas en avanzar.
Se revocó la suspensión de exploración de Uchuva 2
Mientras se mantiene en duda la situación sobre Komodo X-1, el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta ha autorizado la reanudación de las actividades de exploración y explotación en el pozo Uchuva 2, revocando así una sentencia anterior que había suspendido dichas operaciones.
Esta decisión se produce tras una apelación presentada por el Ministerio de Minas y Energía, que había impugnado la orden inicial de detener las actividades en el pozo, según informó un documento del tribunal.
El pozo Uchuva 2, operado por Ecopetrol, es una instalación clave para la producción de gas costa afuera en Colombia. Recientemente, se anunció que cambiará su nombre a Sirius tras un descubrimiento realizado por Petrobras, lo que lo posiciona como el pozo más grande del país.
Este pozo tiene el potencial de suministrar gas durante aproximadamente 20 años, aunque se estima que la infraestructura necesaria para su funcionamiento podría tardar cerca de cuatro años en completarse.
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