
Tras cinco décadas de estar viviendo en la misma casa de la localidad de Puente Aranda, Don Francisco, de 82 años, fue desalojado el pasado viernes 18 de octubre, por las que serían sus hijas, en compañía de agentes de la Policía Nacional.
Según denunciaron sus vecinos a través de la plataforma Tiktok, ambas mujeres encontraron apoyo en las autoridades locales para hacer efectiva la orden, emitida por el Juzgado 25 de Familia, el pasado 15 de agosto.
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“Hoy, 17 de octubre, sacaron a Don Francisco de su casa dos señoras, las hijas supuestamente, con la ayuda del Ministerio y la Alcaldía de Puente Aranda. Echaron a su papá de la casa, vean como se ríen, están felices porque por fin lograron sacar a su papá de la casa”, expuso un conocido de don Francisco en el video del procedimiento.
Y continuó: “Están sacando al señor de su casita. 45 años en su casa e hicieron una venta ficticia, pero toda la gente lo va a saber, van a saber la calidad de personas que son y lo peor es que ellas trabajan con el Gobierno”.
Pero no fue el único. De hecho, otros miembros activos de la comunidad trataron de intervenir a mitad del procedimiento e insistieron, en conversaciones con la Policía, que lo conocen de toda la vida: “A este señor todos, de aquí para abajo, lo conocemos ¿y echarlo así? Él no es un perro, qué tristeza”.
Tras el desalojo, el adulto mayor fue trasladado por sus mismos vecinos a una casa hogar en la que podría terminar sus días, a pesar de que, según dijo, jamás recibió la notificación de desalojo: “En ningún momento me notificaron del desalojo. A mí no me entregaron nada. Es más, hay veces que llegan y la persona no sale, entonces botan la correspondencia por debajo de la puerta, pero nunca me llegó nada”.
Sin embargo, lo que muchos de ellos desconocen, es que las dos mujeres que aparecen en la grabación denunciaron, junto a su madre, la violencia intrafamiliar de la que habrían sido víctimas durante años, a manos de Francisco, a quien, con ayuda de su abogado David Teleki, describieron como:
“Un hombre violento y de convivencia imposible que nunca respondió por sus hijas y que violenta a su ex mujer anciana y a sus hijas mujeres, desplegando violencia machista grave y constante, constitutiva de delitos y base de actuaciones de las autoridades administrativas”.
De su exesposa, incluso, se dijo tras poner el caso en manos de Medicina Legal que al vivir con él estaba en “riesgo de sufrir agresiones más severas e incluso fatales, dada su vulnerabilidad por la edad y sus comorbilidades asociadas”.
Motivo por el que habrían solicitado la ayuda de las autoridades de Policía para hacer efectiva la diligencia de desalojo, entendiendo que, según la información presentada ante la comisaría de familia, recibe una cuota alimentaria de parte de sus hijos de 2′240.000 pesos.
Bogotá alcanzó cifras récord en violencia intrafamiliar durante el 2024
Bogotá ha registrado un alarmante aumento en los casos de violencia intrafamiliar durante 2024. Según datos presentados por el concejal Julián Sastoque, entre enero y septiembre se contabilizaron 43.586 casos, lo que implica un incremento del 79% respecto al mismo período en 2023. Esta cifra supera en más de 6.000 los reportes del año 2020, que hasta entonces era el de mayor incidencia. A nivel nacional, Colombia ha sumado 122.534 casos en lo que va del año, superando en más de 3.000 los registros de 2023 y acercándose a los 128.231 casos de 2021.

Sastoque destacó que 30.929 mujeres han sido víctimas en Bogotá, mientras que los hombres suman 12.047 casos. Además, 6.570 menores también han sufrido violencia en el mismo período. El concejal ha criticado la “indiferencia” de los gobiernos Distrital y Nacional ante la falta de medidas efectivas para enfrentar esta crisis, subrayando la urgencia de una respuesta contundente.
A pesar de la presentación de una proposición en julio para abrir un debate de control político sobre la atención a las mujeres víctimas, hasta el momento no se han implementado acciones de fondo. El concejal advirtió sobre la falta de un enfoque integral que ataque las causas estructurales de la violencia intrafamiliar y exigió la adopción de políticas que garanticen la seguridad de las familias, con especial atención en mujeres y niños.
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